En tres años, la Sala IV encontró incompatibilidad entre la Constitución Política y los pluses otorgados en 34 convenciones colectivas. Los beneficios eran abusivos y desproporcionados. Para mayor perjuicio, en nada contribuían a mejorar los servicios prestados por las instituciones contratantes.
En total, los magistrados eliminaron 83 artículos de esas convenciones colectivas. Queda preguntar durante cuánto tiempo se pagaron los beneficios y, sobre todo, cuánto costaron. La suma representará apenas un afluente del río de dinero pagado sin justificación por ciudadanos de todos los estratos sociales. Los más pudientes porque cargan con la mayor parte de la carga tributaria, entre otras razones. Los menos, porque dejan de recibir servicios tanto más necesarios cuanto mayor sea su pobreza.
Nadie dejó de verse afectado por esos 83 artículos, pero hubo muchos más. Las sentencias de los últimos tres años, y las que les precedieron, consolidan el juicio previo de la sociedad indefensa. Nadie dudaba de los desequilibrios creados por las convenciones colectivas del sector público, no solo con el resto de la ciudadanía sino, también, con los empleados del gobierno central, pero durante largos años nadie podía frenar los desmanes.
El Estado social de derecho pagaba servicios médicos privados a funcionarios inscritos en la Caja Costarricense de Seguro Social. También financiaba festines de fin de año y, a diferencia del común de los mortales, los beneficiados cobraban el equivalente al 100% del salario como subsidio de incapacidad y hasta 20 años de cesantía.
Pocos, casi todos beneficiarios, defendieron semejantes privilegios como justos, comenzando porque las instituciones con mayores ventajas también figuran entre las más polémicas, como la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Banco Popular y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). Esta última ni siquiera ha podido finalizar el proceso de reestructuración iniciado para impedir su desaparición precisamente porque una cláusula convenida con los sindicatos en el 2002 comprometió los fondos requeridos para reducir la planilla.
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La sentencia más reciente, fechada 24 de noviembre, liberó a los desamparadeños de hacer aportes al sindicato municipal para actividades culturales, deportivas y recreativas, así como el financiamiento de compras de útiles, consultas médicas y salud ocupacional. La ciudadanía también pagaba renovaciones de licencias, dictámenes médicos, multas impuestas a choferes del gobierno local y 16 años de cesantía.
Además de cuantificar el torrente de recursos públicos empleado para financiar beneficios abusivos y desproporcionados, cabe preguntar cuántas sentencias faltan, porque la madeja de abusos es densa y todavía no se completa la tarea de desenredarla. Las pérdidas son irrecuperables, pero visualizarlas subraya la importancia de impedir la creación de nuevas granjerías.
Las limitaciones a la negociación colectiva contenidas en la Ley de Empleo Público responden a esa necesidad. Las instituciones podrán denunciar las convenciones colectivas a su vencimiento y, al renegociarlas, no podrán variar los salarios o remuneraciones ni modificar la escala salarial o los componentes de la columna salarial global. También queda fuera de la negociación la creación de incentivos, compensaciones o pluses salariales, así como los compromisos de erogaciones adicionales de recursos con afectación del Presupuesto Nacional o el de una institución pública, mediante gastos no ajustados a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. La negociación colectiva tampoco será el foro para abrir nuevas plazas. Esas limitaciones ya pasaron la revisión de la Sala Constitucional. Falta completar el trámite en el Congreso. La historia debería ser acicate suficiente.