La pandemia de neumonía por coronavirus obliga a entidades públicas y privadas a replantear metas y acciones. En materia macroeconómica, los costos del estancamiento productivo, del creciente desempleo y del aumento de la pobreza son muy altos. Para enfrentarlos, el Gobierno Central y un grupo de entidades descentralizadas deben incurrir en gastos difícilmente previsibles hace solo seis meses.
La caída de los ingresos corrientes de las instituciones públicas es inevitable, aun si la crisis fuera de corta duración. Ni que decir si se prolongara más allá de un trimestre. En ausencia de medidas correctivas, el deterioro de las finanzas será enorme. Es preciso replantear los objetivos de la política macroeconómica del Gobierno Central y del sector público descentralizado, incluidas las municipalidades, para detener todo gasto que se pueda posponer y destinar los ahorros al financiamiento de erogaciones prioritarias a raíz de la covid-19, como el apoyo a quienes perdieron el empleo o ingresos.
Aunque la reasignación de algunas partidas de los presupuestos públicos puede hacerse en sede administrativa, otras exigen reformas legales. En casos similares, la Asamblea Legislativa ha mostrado espíritu cívico y sentido de urgencia. Para lograr a cabalidad los objetivos, todas las medidas adoptadas deben ser analizadas con detenimiento para no borrar con el codo lo escrito con la mano, como dice el refrán. Las disposiciones aprobadas para atender la crisis deben ser temporales, no permanentes, y ofrecer beneficios claramente superiores al costo. Las reformas estructurales deben esperar un momento de calma y no tramitarse de forma apresurada.
Una reforma legal de mucho cuidado es la recogida en el expediente 21922, promovida por diputados liberacionistas y el presidente Carlos Alvarado, para liberar a los gobiernos locales de las limitaciones de la regla fiscal con la idea de ayudarles a atender las nuevas necesidades de sus cantones. El fin sería laudable si la apertura de las llaves del gasto público previera los controles necesarios para evitar la corrupción y fijara límites al endeudamiento ahora que los ingresos irán a la baja.
El propósito de la regla fiscal es, precisamente, coadyuvar a mantener el endeudamiento público en niveles manejables para que la carga de intereses no estruje otras partidas presupuestarias de importancia. Además, el proyecto de ley no es suficientemente claro en cuanto a los hitos disparadores de las medidas propuestas y su carácter temporal.
La iniciativa autoriza la creación de nuevas plazas en los municipios y los faculta a hacer compras sin utilizar la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), lo cual atenta contra el control del gasto sin ninguna razón válida para abrir semejante portillo a los abusos.
Frente a los estragos de la pandemia, las municipalidades deben reaccionar con celeridad y explorar nuevos ámbitos de acción, pero el primer recurso es la reasignación de las funciones de sus empleados, no crear nuevas plazas, sobre todo si son permanentes. También deben preferir redestinar partidas dirigidas a fines no prioritarios (Festival de la Luz, celebración del Día de la Independencia, construcción de plazas de deportes) para dar contenido económico a los vitales en la actualidad.
La Contraloría General de la República señaló los riesgos de decidir a la carrera en una materia de tanta significación. La crisis producida por el virus SARS-CoV-2 no es oportunidad para entregar un cheque en blanco a los gobiernos locales ni a ningún otro ente público. Lo procedente es adoptar nuevos planes, como lo hacen las empresas cuando su entorno sufre cambios durante el período de ejecución presupuestaria. Ojalá la Asamblea Legislativa actúe de conformidad.