La pandemia de la covid-19 obliga a las autoridades, y a la sociedad en general, a tomar difíciles decisiones, en alguna medida contradictorias.
Por un lado, debe hacer todo lo posible para evitar las infecciones, lo cual exige observar medidas de distanciamiento social reñidas con la actividad económica.
Por otro, intentar acortar el tiempo de parálisis de los procesos económicos, cuya disminución hace estragos en los ingresos familiares por recortes de jornadas laborales y despidos, mientras muchas empresas sufren el cierre o la disminución de sus operaciones y el fisco también pierde ingresos.
La crisis llegó cuando la situación de las finanzas públicas era precaria y el endeudamiento estatal, el desempleo y la pobreza, elevados. Es poco lo que el gobierno puede hacer para aliviar las crecientes penurias de la población.
Es preciso abrir ordenada y prudentemente la economía, comenzado por los sectores menos expuestos a la covid-19.
El sector de los servicios, muy afectado, quizá pueda abrir paulatinamente bajo estrictos protocolos sanitarios, así como el comercial.
La agricultura presenta una situación muy propia. La naturaleza no se detuvo en marzo de este año y las cosechas deben ser recolectadas oportunamente, so pena de que se pierdan, con grave daño para la situación financiera de muchas empresas, así como para la posición de divisas del país, pues gran parte de nuestra producción agrícola —piña, sandía, melón y café, entre otras— se dirige a la exportación.
Una porción muy significativa de esa producción depende de mano de obra extranjera, formal e informal, tanto para la siembra como para la recolección.
La notable ausencia de mano de obra costarricense en ese ámbito podría deberse al nivel de la paga en relación con el esfuerzo demandado.
También podría ser que una parte de la labor de recolección la haga mano de obra informal, por la que no se incurre en el costo de cargas sociales.
En uno u otro caso las autoridades deben intervenir para evitar injusticias y nivelar el terreno. No obstante, el hecho es que en diversas actividades agrícolas, como la recolección del café, la mano de obra panameña y nicaragüense es fundamental.
Impedir el acceso de esos trabajadores a los campos no es la única solución posible ni tampoco la más sensata, pues implica un costo económico enorme.
Bienvenidos los esfuerzos de reclutamiento de mano de obra costarricense, en condiciones competitivas y apego a la seguridad social.
El alto desempleo augura buenas posibilidades de éxito, pero también será necesario contratar mano de obra extranjera. Una estrecha coordinación entre las autoridades de Migración, Salud, Trabajo, Fuerza Pública y los patronos permitiría hacerlo con seguridad.
Cada uno debe actuar con esmero y eficacia en su campo. Salud establecerá los protocolos sanitarios y verificará su cumplimiento. Los empresarios deberán asegurarse de obedecer las disposiciones cuyo acatamiento también va en su beneficio, y los inspectores del trabajo deberán exigir el respeto de todos a las leyes vigentes.
Bien planteado, un programa de trabajo migrante puede contribuir al mejor control del ingreso por tierra al país, tanto de personas provenientes de Nicaragua como de Panamá.
Además, lograría lo mejor de dos mundos: mantener controlada la expansión de la covid-19 e impedir que parte de la producción agrícola se malogre.