La utilización de tobilleras electrónicas en sustitución del encarcelamiento descongestiona las cárceles, siempre hacinadas, y acerca al país al cumplimiento de sus compromisos con la tutela de los derechos humanos. Al mismo tiempo, suele constituirse en un eficaz elemento de rehabilitación y reinserción del reo en la sociedad.
Los beneficios del programa para el cumplimiento de los objetivos de un sistema penitenciario moderno son innegables. Por eso, es necesario cuidar el recurso, evitar su desprestigio y fortalecer, mediante la exhibición de buenos resultados, la confianza de los ciudadanos en su administración.
El 7 de diciembre, cuando dos hombres con dispositivos electrónicos intentaron evadir un retén de la Fuerza Pública en la calle Vargas, Uruca, en compañía de un menor de edad, el sistema sufrió uno de varios golpes similares ante la opinión pública, cuyo peso es determinante para la supervivencia del programa.
Uno de los detenidos tenía antecedentes de robo agravado —es decir, con fuerza sobre las personas o las cosas—, tentativa de homicidio y portación ilegal de arma permitida. El otro, de robo, robo agravado y sustracción de vehículo. En la ruta de escape, los policías encontraron dos armas de fuego, una con cargador largo, de uso prohibido, y otra, con la serie limada.
¿Cómo lograron, con semejante historial de violencia, acceder al programa? La pregunta se plantea después de cada captura en asaltos, robos y otros delitos de gravedad de un beneficiario de las tobilleras. No hay una respuesta capaz de convencer a la ciudadanía del buen desempeño del programa. La erosión de la confianza en la vigilancia electrónica aumenta cuando las autoridades policiales expresan también su frustración, no solo por el peligro creado para la ciudadanía, sino también por el riesgo para los agentes obligados a repetir la captura.
Las tobilleras no deberían ser para delincuentes violentos o habituales. Su función es descongestionar las cárceles de personas acusadas de delitos menores para mantener a los demás privados de libertad en condiciones respetuosas de los derechos humanos.
También cumplen el cometido de ayudar a la reinserción social de quienes no tienen antecedentes violentos, que representan un riesgo limitado. En esos casos, el encarcelamiento es, con frecuencia, la peor de las opciones, porque a menudo los centros penitenciarios operan como escuelas de delincuencia.
Los beneficios justifican la inversión de ¢7.800 diarios en cada reo sometido a vigilancia electrónica. La suma total de ¢4.780 millones al año representa un ahorro en relación con la manutención de los detenidos en condiciones adecuadas de seguridad. Justifican, asimismo, afinar los criterios para seleccionar a quienes se favorece y a quienes no. Parte de esa tarea corresponde a la Asamblea Legislativa.
La Ley 9271, del 30 de setiembre del 2014, estableció la vigilancia electrónica como alternativa a la privación de libertad, sea como sanción o como medida cautelar. La normativa exige la aprobación de un juez para trasladar a un reo al régimen de vigilancia electrónica; sin embargo, no define la violencia como hipótesis de exclusión del beneficio.
El artículo 21 del reglamento establece, expresamente, en armonía con la ley, la posibilidad de emplear el monitoreo electrónico cuando se trate de delitos sexuales y contra la vida, con la previsión de utilizar “los dispositivos que ofrezcan mayores posibilidades de seguimiento y control, de acuerdo con el criterio técnico de la Dirección General de Adaptación Social”. Ese camino puede conducir al definitivo desprestigio del sistema.