Durante décadas, la irresponsabilidad, la demagogia y hasta el interés particular confabularon para crear regímenes de pensiones adaptados a las demandas de grupos organizados, capaces de ejercer presión sobre la clase política. Pocos se preocuparon por las consecuencias. Los sistemas de jubilación tardan en mostrar su desequilibrio y en el tránsito hacia el deterioro ofrecen oportunidades para el disimulo, la reforma aparente y la postergación de decisiones.
Cuando la imposibilidad de mantener los excesos se hace obvia, porque las cotizaciones previstas de trabajadores, patronos y Estado no alcanzan para pagar beneficios y garantizar la supervivencia del sistema, los regímenes del sector público usufructúan su proximidad a las arcas del gobierno. El Estado, como tal, llega a cotizar varias veces más por un servidor público. Como patrono, supera a todos los demás empleadores.
Así nacen regímenes con cargo al presupuesto nacional, es decir, subsidiados, y otros administrados independientemente con sumas exorbitantes pagadas por el Estado como tal y como patrono. Esos, también, son regímenes a cargo del presupuesto nacional, pese a la ficción de los fondos propios.
Cuando el régimen hace agua a pesar de esa corriente de recursos públicos y hasta de una cotización más alta a cargo de los afiliados, es difícil convencer a los beneficiarios y a los aspirantes a serlo de la inevitabilidad del cambio. Ninguna matemática convence y los beneficios se ven como consagrados por años de mala práctica.
La subsistencia de esos regímenes habría sido imposible sin el sacrificio de otras necesidades, sin duda más imperiosas que pagar un colón adicional a quien ya recibe varios millones, pero eso tampoco conmueve. Siempre está la posibilidad de señalar nuevas oportunidades de ingresos fiscales, como si no hubiera un límite a la carga tributaria y la mejor razón para aumentarla fuera mantener las pensiones de privilegio.
La diputada liberacionista Yorleny León, presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, lleva razón cuando insiste en la necesidad de unificar los regímenes existentes para eliminar privilegios y dar estabilidad a un sistema de jubilaciones capaz de garantizar una vejez digna al mayor número de personas.
También lleva razón cuando elogia la aprobación de la reforma impulsada por Xiomara Rodríguez, del Partido Restauración Nacional, para limitar las pensiones de lujo, y, al mismo tiempo, la califica como un paso adelante, no una carrera terminada. Hay un largo camino por recorrer hacia el ideal del régimen uniforme.
La importancia del paso adelante no puede ser ignorada. El proyecto de la diputada Rodríguez es muy significativo y señala el camino de reformas adicionales. Demuestra, además, la factibilidad del cambio, hasta hace poco considerado poco menos que imposible. La realidad económica y fiscal se suma al cansancio de la opinión pública con los excesos para crear la oportunidad de ajustes. La legisladora de Restauración supo aprovecharla y 46 legisladores —todos los presentes en el momento de la votación— le dieron un contundente respaldo.
Entre las tareas del futuro inmediato, la diputada León citó la discusión del proyecto de ley presentado por el ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, para cerrar la puerta a la concesión de nuevas pensiones de los regímenes con cargo al presupuesto nacional y el traslado de sus potenciales beneficiarios al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social. Manos a la obra.