La verdadera razón para mantener la compra a terceros de los servicios ofrecidos con éxito a medio millón de asegurados en 117 Ebáis desde hace décadas no es el coronavirus —ni siquiera parcialmente, como dijeron fuentes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)—, sino un estudio ejecutado por técnicos de varias gerencias de la institución, cuyas conclusiones constituyen una barrera demasiado alta para saltársela con garrocha ideológica. Los servicios de las cooperativas son iguales o mejores, pero cuestan entre un 30 % y un 60 % menos.
En una pandemia es imposible asumir ese costo, pero es una vergüenza hacerlo en cualquier otro momento. Por eso, suena hueca la atribución de la decisión, siquiera parcial, al coronavirus. La pandemia es una excusa para no dar el brazo a torcer mientras la Directiva da marcha atrás, en vista del informe, a un injustificable desperdicio de recursos públicos.
Un sector de la Junta Directiva, acompañado por sindicatos, se empeñó en impedir la renovación de los contratos. La licitación para renovarlos se ha venido posponiendo y no hace mucho se celebró una desnutrida marcha a favor de la “institucionalización” de los Ebáis. Desde altos niveles de la Caja, se intentó desacreditar estudios previos, con resultados muy parecidos, alegando su obsolescencia, y la Directiva llegó al punto de arrebatar a la Universidad de Iberoamérica la atención de unas 300.000 personas, no obstante aquellos estudios y a semanas de concluir el más reciente.
La decisión de rescindir el contrato de la Unibe fue adoptada en diciembre del 2018 y ejecutada en febrero de este año. El estudio que obligó a mantener la contratación con terceros está fechado el 31 de marzo del 2020, pero se inició en julio del año pasado. Peor aún, la Caja fue advertida por su propia auditoría interna, en diciembre del 2017, de un aumento del 49,5 % en los costos (¢4.227 millones más) en el primer año de institucionalización de los 37 Ebáis del este de San José encargados a la Unibe. El monto crecería en los años siguientes.
En suma, hacía un año que la Caja sabía del aumento de costos cuando decidió poner fin al contrato de la Unibe. Cuando por fin ejecutó la decisión, estaba a menos de seis semanas de recibir el estudio que la llevó a no hacer lo mismo con las cooperativas, pese a las claras intenciones de aplicarles la institucionalización.
La Directiva se dio el lujo de ignorar las advertencias en el caso de la Unibe, quemó miles de millones en la pira ideológica y ahora los usuarios se quejan de un deterioro del servicio. Repetir la hazaña con los demás contratos, después del nuevo informe, habría sido demasiado, con coronavirus o sin él.
Es imposible asumir los nuevos costos cuando el coronavirus exige recursos extraordinarios porque, en un mala situación, las malas decisiones tienen peores efectos, pero, al responsabilizar al coronavirus, los directivos afirman, de manera implícita, que en su ausencia habrían seguido adelante con la ruinosa intención de institucionalizar, no obstante los resultados del nuevo estudio.
En los Ebáis recuperados de la Unibe, la Caja ya enfrenta protestas de los usuarios y habrá cuidadoso escrutinio de los costos en los próximos meses para constatar la justicia de las advertencias formuladas por la auditoría interna. Es muy riesgoso repetir lo actuado en ese caso, y la pandemia ofrece una oportunidad para tomar otro rumbo sin evidenciar la irracionalidad de las intenciones originales. La verdad es que los propios expertos de la Caja califican el plan de institucionalización como “inviable”. No obstante, cabe preguntar si a nadie se exigirán responsabilidades por lo hecho. ¿Abriga la autonomía de la Caja la posibilidad de disponer de tantos miles de millones a cambio de nada?