El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, respondió a la ola de violencia desatada por el crimen organizado con la declaratoria de 60 días de estado de excepción. Los ataques recrudecieron con secuestros de policías, agresiones a la prensa y motines en las cárceles. Entonces, el mandatario decretó la existencia de un conflicto armado interno e identificó a 21 grupos delictivos transnacionales como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.
La reacción de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas fue igualmente firme. Unidades especiales de la Policía retomaron las instalaciones del canal TC Televisión, en el norte de Guayaquil, capturaron a los 13 atacantes y liberaron a los rehenes.
Noboa ordenó a las fuerzas de seguridad “neutralizar” a los narcotraficantes y en el Congreso las fracciones legislativas se unieron para aprobar reformas adecuadas a las nuevas circunstancias. Empresarios, trabajadores y otros sectores de la sociedad ecuatoriana acudieron al llamado de unidad nacional en un país pacífico, donde los últimos años se transformaron en una pesadilla insospechada.
Incluso el expresidente Rafael Correa, acérrimo rival de Noboa, cuya candidata fue derrotada por el joven mandatario en las elecciones de octubre, se puso a las órdenes del gobierno, no sin antes quejarse de persecución y del odio desatado en el país. Correa, con su autoritarismo y violenta retórica, hizo mucho para avivar la polarización, pero su alineamiento con la respuesta gubernamental a la violencia dice mucho sobre el estado de ánimo del país y sus dirigentes.
“Presidente Daniel Noboa, tenga todo nuestro total e irrestricto respaldo. Por favor, no ceda. Cualquier error, nuestras discrepancias políticas las discutiremos al día siguiente de la victoria. La patria siempre vencerá, hasta la victoria siempre, compatriotas”, expresó Correa en un video publicado mientras los ataques terroristas del martes estaban en pleno desarrollo.
“Por favor, no ceda”, dijo el exmandatario al actual gobernante. No parece haber otro camino. Ceder ante las organizaciones del crimen organizado es fundar el narco-Estado y compartir con ellas la dirección del país. Tampoco es una posición fácil de sostener. México peleó durante muchos años una cruenta guerra que dejó cientos de miles de muertos y sigue lejos de proclamar una victoria como la anunciada por Correa. Colombia tuvo más éxito en la desarticulación de los grandes carteles que en su momento se dieron el lujo de declarar la guerra al Estado, como lo hicieron las organizaciones delictivas ecuatorianas después de anunciado el régimen de excepción.
Desde la cárcel de Turi, en Azuay, controlada por Los Lobos, los presos advirtieron al presidente: “Así como no te importa la vida de los privados de libertad del Ecuador, a nosotros tampoco nos importa la vida de tus funcionarios, de los guías penitenciarios y de los policías. Tu estado de excepción no nos intimida. Nosotros ya estamos muertos”.
Un desafío de esa naturaleza deslinda los campos con claridad y solo deja lugar para una respuesta decidida. Ecuador se juega la posibilidad de seguir construyendo un Estado de derecho democrático o quedar sometido al dictado de las organizaciones delictivas internacionales.
El país ya ha experimentado el influjo de esas organizaciones sobre la vida política y social. Poco antes de su asesinato, el candidato presidencial Fernando Villavicencio denunció amenazas de muerte de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, jefe de Los Choneros, brazo operativo del cartel de Sinaloa. La muerte de Villavicencio alteró el proceso electoral y fue precisamente la fuga de Fito, el domingo, el factor desencadenante de la ola de violencia actual.
Ecuador es víctima de un fenómeno delictivo continental. Su destino afectará inevitablemente la seguridad regional. Noboa y su gobierno no deben quedar solos frente al desafío. La solidaridad y el apoyo de la comunidad internacional, y especialmente de los países vecinos, no debe hacerse esperar.