La Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social administra 18.000 jubilaciones con cargo al presupuesto nacional. Esa cantidad crece año tras año. Los pagos periódicos por este concepto ascienden a sumas enormes. Sin embargo, el método de trabajo no difiere en mucho del empleado en oficinas públicas y privadas durante la década de los cincuenta del siglo pasado. Como laboran algunas oficinas públicas, no es solo una vergüenza y un reflejo de la desidia, sino también un estímulo a los atrasos y la corrupción.
Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) señala que, a pesar de haber invertido, entre el 2011 y el 2019, $2,9 millones en un sistema informático moderno, la operación de la DNP sigue siendo artesanal. Los expedientes se componen de hojas y hojas de papel amarradas con cáñamo. Se transportan en carretillas de un lugar a otro, según se requiera. Además del desperdicio de tiempo y recursos, el sistema crea riesgo de pérdida y deterioro de expedientes, y, con ellos, todo el historial. Pero hay más: el sistema es inseguro y se presta para la alteración de datos, lo cual redunda en pagos superiores a los correspondientes por norma, solo por la deficiente trazabilidad. En efecto, según la Contraloría, entre el 2014 y el 2018, hubo giros de más por ¢3.140 millones. A eso se suman ¢1.000 millones, aproximadamente, que la DNP debió pagar entre el 2016 y el 2018 por demandas interpuestas por personas afectadas.
Lo único automatizado en la DNP son los pagos periódicos y la revalorización de las planillas, pero información clave, como la solicitud y la declaratoria de derechos, de conformidad con la cual se fijan los montos por pagar inicialmente, así como la información relativa a los pagos anteriores, está disponible solo en hojas de papel en los expedientes físicos.
En materia de pensiones con cargo al presupuesto nacional, todo avanza lentamente. La propia auditoría de la Contraloría comenzó el 1.° de enero del 2016 y terminó el 30 de setiembre de este año, es decir, le tomó casi cuatro años. El director de la DNP, quien asumió el cargo en el 2018, afirma que su “sueño” es utilizar un expediente digital; sin embargo, si por la víspera se saca el día, va a tener que esperar mucho tiempo para hacerlo.
Un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo a mediados de la década de los noventa tuvo entre sus componentes la modernización de la Dirección General de Pensiones para, entre otros asuntos, introducir técnicas de manejo digital de documentos y de control, pero el proyecto no logró avanzar. Los procedimientos anticuados, aparte de requerir más personal, crean la posibilidad de manipulación indebida de la información. En esas circunstancias, cuesta entender el papel del Ministerio de Planificación y Política Económica, que deja pasar tanta ineficiencia en asuntos cuya corrección no necesita mayor conocimiento técnico ni es “ciencia espacial”, según el decir popular.
Esta situación “risible”, como la calificó Luis Paulino Mora, jerarca de la DNP, también puede ocultar pagos por montos inferiores a los debidos contra el interés de pensionados que nunca se dieron cuenta y, por tanto, nunca reclamaron.
La situación debe ser tratada como una emergencia por parte del gobierno. Merece un plan de trabajo formal, con fechas y encargados de ejecutar las acciones y obtener los productos esperados. La ciudadanía, que con sus impuestos subvenciona el precio de esas debilidades, debe ser informada periódicamente de los logros, de los retrasos y de las razones de unos y otros. Lo que no procede es que, a finales del 2019, una dependencia como la DNP, parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se siga manejando peor que una pulpería o ferretería de pueblo en 1949.