La Junta de Vigilancia de Drogas Estupefacientes del Ministerio de Salud ejerce estricto control sobre la importación de fentanilo, una droga adictiva, 50 veces más potente que la morfina. Ni la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) puede comprarla sin previa autorización y solo se utiliza en los hospitales.
No es para menos. Empleada sin supervisión médica, la droga causa daños cerebrales, problemas respiratorios y muerte. La Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) advirtió del alarmante aumento de las sobredosis y calificó al fentanilo como «una amenaza significativa para la seguridad y salud pública».
No obstante, una vez recibida por la CCSS, la droga da tumbos por bodegas mal vigiladas y hospitales todavía menos aptos para supervisar su uso. Nadie sabe adónde van a parar las dosis extraviadas, pero en abril del 2019, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) alertó acerca del consumo ilegal de fentanilo por un grupo específico de profesionales, sin decir cuáles. El 31 de marzo del 2021 otras señales de alerta motivaron a la Auditoría Interna de la CCSS a efectuar una investigación cuyos resultados, dados a conocer el 24 de agosto, resultan aterradores: existe un alto riesgo de sustracción del fármaco «para venta o consumo particular», dice el informe.
Los únicos controles en el almacén —afirma— son una cámara de seguridad, un registro de ingresos y un inventario manual. Otro informe reciente de la propia Auditoría identificó una larga lista de vulnerabilidades en los almacenes de la CCSS y pidió rectificar una veintena de prácticas irregulares en el Área de Almacenamiento y Distribución (ALDI), por donde transitan miles de millones en equipos y medicamentos cada año.
La Auditoría señaló falta de información, discrepancias en inventarios, incongruencias en facturas de transporte, falta de seguros para proteger artículos almacenados, funcionarios fallecidos y pensionados cuyo acceso a los sistemas informáticos siguen activos y una bodega de 650 metros cuadrados en el Centro de Distribución Especializado, donde hay fármacos vencidos desde el 2003.
En los hospitales Rafael Ángel Calderón Guardia, México y San Juan de Dios —dice el informe específico sobre el fentanilo—, los auditores hallaron decenas de recetas sin información clave, como la cantidad de dosis prescritas por paciente, el plazo del tratamiento y los sellos de farmacia. También, señalaron inconsistencias en la letra y firma. La investigación identificó 15 casos de pacientes fallecidos a quienes no se les cerró inmediatamente la receta, almacenamiento del fármaco en botiquines sin llave o repisas abiertas y medicamentos en maletines personales de médicos.
Las anomalías coinciden con un abrupto incremento en el consumo de fentanilo en los hospitales del país en los últimos dos años. En parte, el incremento se debe a la pandemia, pero los hallazgos de los auditores plantean preguntas muy serias. El fentanilo no es el único estupefaciente y el descontrol en almacenes y hospitales no se limita a esa sustancia, como queda claro en el informe sobre el sistema de almacenamiento en general. «En el caso particular de los psicotrópicos y estupefacientes, siendo conocido su uso restringido y que pueden ser sustraídos para venta o consumo particular, las omisiones en el proceso de devolución o en su defecto en la custodia, no solo generan un riesgo para la salud de cualquier persona por un uso indebido, sino que colocan a la institución ante una posible afectación de su patrimonio institucional», indican los auditores.
La completa revisión del sistema de almacenaje y manejo de insumos, especialmente los fármacos, es una altísima prioridad. Proveeduría y logística han demostrado ser flancos débiles de la institución. Como en el caso del fentanilo, los riesgos no siempre se contraen al posible daño económico. Los almacenes de la Caja son un problema de salud pública.