La respuesta de las compañías telefónicas a la consulta pública efectuada por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) anuncia serias dificultades debido a la insistencia del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en conservar una cantidad desproporcionada de las frecuencias necesarias para instalar las redes 5G. Las empresas no solo señalaron el trato desigual, sino también la fricción entre las pretensiones de la compañía estatal y el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta, por sus siglas en inglés).
La cantidad de espectro acaparado por el ICE no es necesaria para que la empresa compita en el mercado de la nueva tecnología. Aún más, el ICE no podría utilizarlo en su totalidad. En consecuencia, no sería difícil caracterizar el acaparamiento como una barrera de ingreso a los competidores, es decir, una práctica contraria a las obligaciones del país.
La consulta pública, solicitada por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) para actualizar su estudio de factibilidad antes de comenzar el proceso de subasta del espectro radioeléctrico, no deparó sorpresas. La propia Sutel ha insistido ante las autoridades sobre la insuficiencia de las frecuencias cedidas por el ICE y a lo largo de la discusión ha habido advertencias sobre la incompatibilidad del acaparamiento con las disposiciones del TLC.
En setiembre, el ICE anunció la devolución de 125 megahercios (MHz) en la banda de 3.500 MHz. Todavía conserva 100 MHz para sus desarrollos comerciales y mantiene la exclusividad en la banda de 2.600 MHz. Esa ventaja impediría a los competidores aprovechar a plenitud las economías de escala y encarecería el despliegue de la infraestructura requerida.
Las desventajas competitivas impuestas a las demás empresas por la preservación en manos del ICE de 190 MHz en la banda de 2.600 podrían comprometer al país en un litigio internacional difícil de ganar. Esa es la advertencia recogida por la consulta pública de la Sutel, que insiste en la necesidad de recuperar el espectro no utilizado y subutilizado en las bandas de 2.600 MHz y 3.500 MHz para evitar la asimetría.
Es riesgoso pensar en que no habrá reclamos cuando las posibles competidoras ya invocan las disposiciones del TLC al manifestar su disconformidad. La apertura de la subasta, en las condiciones actuales, podría ser el detonante. La subasta es posible con el espectro disponible después del anuncio de setiembre, pero no garantizará la competencia en términos de igualdad, como lo exige el tratado.
La celebración de la subasta en óptimas condiciones tendría la ventaja adicional de acelerar el desarrollo de las redes 5G en el país. Si hubiera duda sobre la urgencia del despliegue, bastaría con repasar el estudio de la Sutel, del cual informamos el 22 de febrero. El retraso, dice el documento, costará $1.134 millones de aquí al 2024 por las oportunidades desperdiciadas en manufactura, transporte, salud, servicios financieros, comercio, energía y entretenimiento.
Hay, también, un costo inestimable en calidad de vida de los ciudadanos imposibilitados de incorporar la nueva tecnología y sus comodidades a la vida cotidiana, además del freno al pronto desarrollo de las habilidades necesarias para sacar ventaja en todos los ámbitos. Ya ha transcurrido demasiado tiempo en el estira y encoge con el ICE. El espectro no es de su propiedad y no tiene derecho a desperdiciarlo. Para impedírselo hay medios previstos por ley. Es hora de ponerlos en práctica para acelerar el desarrollo y evitar cuestionamientos al compromiso de cumplir con los tratados internacionales.