La Contraloría General de la República llama, una vez más, a revisar los destinos específicos fijados por ley a grandes porciones del presupuesto nacional. La contralora, Marta Acosta, propone examinar si las asignaciones siguen siendo necesarias. Muchas datan de décadas pasadas y nunca han sido evaluadas, sea para decidir si todavía son necesarias, si cumplen los fines invocados para justificar su creación o si existen necesidades más imperiosas.
En ausencia de una valoración, los destinos específicos tienden a perpetuarse en el tiempo a fuerza de inercia, no importa si la evolución de la economía y la sociedad los tornan innecesarios. Además, siempre hay quien se beneficie, aunque solo sea la burocracia encargada de administrar la inversión innecesaria o ineficiente.
Amén del desperdicio, los destinos específicos introducen una peligrosa inflexibilidad en la administración fiscal, no porque haya consecuencias para los jerarcas en caso de incumplimiento, sino porque ofrecen a los grupos interesados un asidero para formular reclamos difíciles de resistir.
La reforma constitucional para exigir la entrega del 10 % del presupuesto a las municipalidades es un ejemplo estelar. Ningún gobierno se ha acercado al cumplimiento y ninguno lo hará, simple y sencillamente porque implicaría el cierre del Gobierno Central. Luego de deducir las partidas para servicio de la deuda, pago de pensiones y otros rubros, el Ejecutivo cuenta con el 20 % del presupuesto para funcionar. Si observara el mandato constitucional, debería girar a las municipalidades la mitad.
Laura Alfaro, ministra de Planificación de la administración Chinchilla, vertió claridad sobre la materia cuando el gobierno estuvo a punto de poner el cumplimiento en marcha, aunque con base en préstamos contraídos en el exterior. No obstante, en la administración pasada renacieron los reclamos municipales y la Asamblea Legislativa los complació, muy parcialmente, con fondos para desarrollar obra pública.
Pero no ha habido sanción para los presidentes y ministros de Hacienda omisos en el cumplimiento del mandato constitucional. No puede haberla porque la obediencia tendría consecuencias desastrosas. La ley, por muy inscrita que esté en la Constitución, es letra muerta y el Estado la viola con justificada impunidad. En forma contradictoria, la Constitución también exige a los gobernantes mantener el equilibrio y sanidad de las finanzas públicas.
Pero el reclamo de fondos destinados a otros fines específicos, menos cuantiosos y más fáciles de defender por los interesados, crea graves distorsiones presupuestarias cuando el Ejecutivo se siente obligado a ceder ante las demandas y los interesados esgrimen el derecho incorporado a la ley. Por eso, la contralora recomienda ir más allá de las medidas administrativas y poner coto al problema mediante disposiciones legales como las incorporadas a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Si buena parte de la recaudación tributaria sigue comprometida de antemano, nunca habrá suficientes recursos frescos, producto de nuevos impuestos. Los destinos específicos seguirán absorbiendo los ingresos, como hasta ahora. Peor aún, como señala la contralora, el gasto conservará su curso por inercia, sin comprobación de la utilidad de las inversiones.
La aspiración de eternidad de los destinos específicos es compartida por las exoneraciones y ventajas fijadas por ley para estimular el desarrollo de determinadas actividades y sectores. Una vez incorporado a la ley, el beneficio permanece sin que nos preocupemos por su pertinencia en la actualidad, no importa cuánto hayan cambiado las circunstancias. El cooperativismo de hoy tiene más de dos terceras partes de sus activos en el sector financiero. Es un importante cambio en relación con sus orígenes, pero sigue disfrutando beneficios establecidos cuando las empresas del sector tenían una naturaleza productiva muy diferente. Es hora de revisar, también, beneficios como estos.