En unas elecciones marcadas por extrema inseguridad y violencia, con por lo menos 30 candidatos a diversos cargos asesinados, los mexicanos asestaron el pasado domingo un considerable revés a la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados (el Senado no estaba en disputa). En cambio, el partido Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO) y algunos de sus aliados, lograron elegir gobernadores en 11 de los 15 estados en disputa (de 32 en total), un indudable éxito que evidencia el considerable aumento de su huella territorial.
Es un resultado dual que, sin embargo, debilitó sustancialmente la fuerza legislativa del gobierno y, con ella, su capacidad de imponer reformas que debilitarían las instituciones nacionales. En este aspecto, la balanza se inclinó en el sentido correcto. Antes de las elecciones, la alianza gubernamental controlaba exactamente dos tercios (334) de los 500 asientos de la Cámara, lo que le otorgaba posibilidades, incluso, de impulsar reformas constitucionales, siempre que no hubiera disidencias internas. Ahora, de acuerdo con los datos y proyecciones oficiales, su mayoría se reduce a 279, una pérdida sustancial de diputados, particularmente en contra de Morena, que bajó de 256 a 197, con lo cual se convierte en el mayor perdedor. Además, también cedió terreno en las concejalías de Ciudad de México, de la cual López Obrador fue alcalde entre el 2000 y el 2005.
El gran ganador fue el centroderechista PAN, que subió de 77 a 111, en tanto que el otrora poderoso PRI ascendió menos: de 48 a 69. Su desempeño en las regionales, en cambio, fue catastrófico, pues perdió las ocho gobernaciones que controlaba. El PAN mantuvo las de Querétaro, en el centro del país, y Chihuahua, en el norte, uno de los motores industriales de México. El Movimiento Ciudadano, partido de tendencia socialdemócrata moderada fundado en el 2018, ganó en Nuevo León, el otro gran estado industrial del norte.
No es posible garantizar que este saldo modere los ímpetus autocráticos de AMLO, quien hasta ahora ha gobernado con rasgos mesiánicos y un gran desdén por la prensa independiente, sus adversarios políticos y los pesos y contrapesos democráticos. Gracias a su ampliado apoyo regional puede reclamar que mantiene un sólido mandato y no variar el curso de su administración. De hecho, al conocerse las proyecciones oficiales de los resultados, declaró que «el pueblo votó por continuar el proyecto de transformación». Sin embargo, el contundente revés legislativo es un significativo llamado de atención, otorga a la oposición mejores herramientas para contener las peores iniciativas del presidente y podría inducir a algunos de sus aliados —en particular el Partido Verde, que pasó de 11 a 44 diputados— a calibrar con mayor cuidado el apoyo a sus proyectos.
A López Obrador hay que reconocerle una administración honesta, que contrasta con la corrupción característica de previos gobiernos, tanto federales como estatales. Sin embargo, durante sus tres años de mandato, la corrupción en otros ámbitos oficiales no ha cesado, la violencia se ha incrementado, las fuerzas armadas han recibido funciones incompatibles con el carácter marcadamente civil de México, ha concedido privilegios a empresas estatales altamente ineficientes —como la petrolera Pemex— y ha ido en contra de la corriente en la adopción de energías renovables, con una enorme apuesta por los hidrocarburos. Además, ha pretendido debilitar, doblegar o dominar instituciones de control, como la Corte Suprema de Justicia y el Instituto Federal Electoral, y ha tomado decisiones arbitrarias sin consideraciones técnicas o financieras que las respalden, como cancelar la construcción de un nuevo aeropuerto en Ciudad de México que ya tenía más de un tercio de avance. Esto condujo a la pérdida de centenares de millones de dólares.
Todo lo anterior, más sus arranques machistas, su susceptibilidad ante las críticas y el desdén por un rendimiento de cuentas sistemático y realmente transparente, son claras evidencias de su afán autoritario, que ha llevado al país al período más riesgoso para la democracia desde la instauración de la alternancia presidencial en el año 2000. Incluso así, y a pesar de sus falencias de larga data, las instituciones federales han logrado mantener una razonable independencia y la sociedad civil ha demostrado un gran vigor. Estos factores probablemente se verán reforzados con el cambio en el balance de fuerzas legislativas, y es posible que eviten un deterioro mayor al que ya se ha producido. Veremos.