La contradicción entre el salario escolar y el salario único o global, aprobado después de tantas confrontaciones, resulta evidente a primera vista. No obstante, el reglamento de la Ley Marco de Empleo Público propuesto por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) conservaría el beneficio para los nuevos funcionarios, desnaturalizando el concepto central de la ley.
Los legisladores procuraron poner orden en el caótico sistema de remuneraciones del sector público, plagado de pluses y beneficios especiales. La preservación del salario escolar constituiría un grave retroceso. Quizá por eso la propuesta del gobierno tenga un futuro poco halagüeño. Tanto se aparta del texto legal que podría resultar inaplicable en virtud del elemental principio de jerarquía de las normas jurídicas: un reglamento no puede reformar una ley.
Sobre el concepto de salario global y su incompatibilidad con los pluses hay claridad lógica, legal y también jurisprudencial. El 18 de octubre del 2022, el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de San José señaló la improcedencia del pago de salario escolar a funcionarios contratados bajo el esquema de remuneración global o única porque ese y otros beneficios salariales ya están contemplados en las escalas del salario global.
“Sobre el régimen salarial basado en un salario global o único, se entiende que no es compatible el pago de ningún otro rubro salarial como el salario escolar y, de reconocerse su cancelación de forma separada y adicional, se desfigura el sistema de escala salarial global”, señaló la jueza decisora Berta Jiménez Alvarado. En ese caso, la administración incurriría en un “doble pago indebido”.
Según la jueza, la determinación del salario único responde a criterios de razonabilidad, eficiencia, productividad e igualdad. En consecuencia, “se intuye que el concepto de salario único o global no admitiría la adición por separado del pago del salario escolar, sino que este se encuentra inmerso en el mismo”.
Aparte de la discusión sobre su procedencia legal, el reglamento impactaría las finanzas públicas que los legisladores procuraron proteger. Según el economista José Luis Arce, la propuesta debe verse a la luz del ajuste fiscal acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) porque podría reducir el rendimiento de la reforma impulsada por el gobierno anterior.
La abogada laboralista Paola Gutiérrez advirtió de una posible sangría de fondos públicos si el reglamento abre un portillo para que funcionarios del sector descentralizado con remuneración global en la actualidad reclamen un pago retroactivo del salario escolar, porque el reglamento no despeja toda duda de que es parte integral del sueldo. En el mismo sentido, como no se suma a un monto único, mantendría la exoneración del impuesto sobre la renta, tan discutida en el caso del salario escolar vigente.
Las bases legales del reglamento propuesto por el Mideplán son cuestionables, sus efectos sobre las finanzas públicas son significativos y podrían ser peores si se materializan las advertencias sobre los portillos abiertos a nuevos reclamos. La reforma del empleo público costó intensos debates y constituyó uno de los elementos más álgidos de las confrontaciones sociales del cuatrienio anterior. Es difícil comprender el deseo de retroceso. El capital político necesario para ordenar las remuneraciones en la función pública ya fue invertido por otros. Es hora de cosechar sus frutos y permitir al país aprovecharlos. Esa es la responsabilidad del gobierno.