Sin sonrojarse, los instigadores de los cierres de puentes y carreteras llevados a cabo en los últimos días advierten de un posible derramamiento de sangre y culpan al gobierno por anticipado. El cinismo es insólito y su principal exponente, José Miguel Corrales, lo lleva a la cúspide.
El tantas veces fracasado aspirante a la presidencia de la República califica como “provocación” el envío de policías a mantener el orden y levantar los bloqueos. En su torcida lógica, los grupúsculos instigados por él y sus asociados no son los provocadores. Les asiste el derecho de impedir el tránsito de personas y bienes, no importa el perjuicio para las comunidades aisladas, ya bastante castigadas por las pandemia y sus consecuencias.
Arrebatan a los demás el derecho a desplazarse, pero no son ellos los provocadores, sino las víctimas de una posible intervención policial para asegurar el cumplimiento de la ley. Corrales habla de sangre derramada como si la suya estuviera en juego y como si alguien en este país —aparte de él y sus asociados, todos políticos y dirigentes de escaso prestigio y vigencia— contemplara la posibilidad de resolver los desacuerdos por medios violentos.
Pero si las circunstancias condujeran a un delito, la responsabilidad será suya y su retórica no conseguirá convencer a las mayorías que ya lo escucharon sugerir la salida forzada del presidente Carlos Alvarado. Esas mismas mayorías, según las encuestas, niegan su apoyo al mandatario, pero no a la democracia. Todo intento de romper el orden constitucional se las encontrará de frente, armadas del civismo propio de nuestra nacionalidad.
Un puñado de personas puede cerrar una calle aquí y otra allá mientras la sociedad ensaya la persuasión y la solución pacífica, pero no tiene la fuerza, gracias a Dios y a la larga tradición cívica del país, para perpetrar un golpe de Estado. Tampoco tienen la razón para permanecer en esa actitud durante mucho tiempo sin suscitar el repudio de los ciudadanos.
La debilidad del movimiento de días recientes, aparte del escaso respaldo popular y el rechazo a los métodos, es la ausencia de motivos. Los dirigentes no se animan a confesarlo, pero la lucha es por recobrar su vigencia perdida. Uno ambiciona crear un partidito, otro invoca la defensa de beneficios tradicionalmente apoyados por él y Corrales parece empeñado en lograr desde las barricadas lo que no pudo conseguir en las urnas.
Luego de abandonar el Partido Liberación Nacional, emprendió un largo descenso por minúsculas agrupaciones como Unión Patriótica, Patria Nueva e Integración Nacional. La última de varias candidaturas a la presidencia culminó en el 2014 con el 1 % de los votos.
La advertencia de Corrales al gobierno lleva implícita una clara comprensión del peligro de enfrentar a grupos de personas, no importa cuán reducidos, con la ley y el derecho de sus conciudadanos. La desesperada ambición de recobrar la vigencia perdida no justifica someter a la sociedad a semejante riesgo.
El presidente convocó a los sectores democráticos, respetuosos de la institucionalidad, a participar en la forja de un acuerdo equilibrado para presentárselo al Fondo Monetario Internacional (FMI). Es hora de poner manos a la obra con serenidad y civismo, sin permitir a quienes perturban la paz desviar la atención del gran cometido nacional. Todos nos veremos obligados a hacer sacrificios para que la realidad económica no nos los imponga, con mucho más sufrimiento, como sucedió a inicios de los ochenta cuando otro gobierno siguió el consejo ahora reiterado por Corrales y mandó al FMI a un lugar muy alejado de donde lo necesitábamos.