El país está a las puertas de otro ajuste fiscal, dijo el ministro de Hacienda, Elian Villegas, a los diputados, y atribuyó las dificultades de las finanzas públicas, casi exclusivamente, a la pandemia. El coronavirus es una catástrofe económica, no hay duda. También es cierto que halló al país en una situación financiera endeble, con un aparato estatal sobredimensionado, demasiado costoso e ineficiente.
Nunca hubo duda de la necesidad de hacer ajustes estructurales después de la reforma del 2018. En su comparecencia ante la Asamblea Legislativa, la contralora general, Marta Acosta, hizo énfasis en esa realidad: “Siempre se dijo que la reforma fiscal era un buen paso, pero insuficiente mientras no hiciéramos los cambios estructurales”. Acosta efectuó un diagnóstico similar al de Villegas, pero precisó mejor las causas: “Se nos vino la pandemia sin los cambios estructurales y ahora tenemos un doble peso”.
La diferencia es importante. Villegas no niega la necesidad de hacer reformas, pero la insistencia en la pandemia, no como catalizador, sino como causa, arriesga una pérdida de perspectiva. La contralora tiene razón: siempre se advirtió acerca de la insuficiencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y desde el primer día estuvimos a la puerta de otro ajuste, solo que sin pandemia habría menos urgencia.
Nadie podía prever la súbita elevación de la deuda al 70 % del producto interno bruto (PIB) y la posibilidad de alcanzar el 80 % en el 2024, pero el Ministerio de Hacienda sí visualizó la necesidad de atender el endeudamiento y propuso el Plan Pagar. El ensanchamiento del déficit por la acelerada caída de los ingresos fiscales era impredecible, pero la administración había mostrado conciencia de la necesidad de rebajar el gasto y racionalizar las remuneraciones en el sector público más allá de los avances logrados gracias a la ley de ajuste fiscal.
Señalar la necesidad de reducir la brecha entre ingresos y gastos aporta poco si no se determina, también, cuál de los dos extremos debe aproximarse al otro. Es iluso creer, a estas alturas, que los ingresos alcanzarán los gastos en la larga carrera por cerrar el déficit y frenar el endeudamiento. La caída de la recaudación no se debe a la falta de pago de impuestos ni a las tarifas vigentes, sino a la disminución de los ingresos gravables.
Aumentar esas tarifas para compensar lo perdido atrasará la reactivación económica y, paradójicamente, deprimirá la recaudación. El ministro habló de impuestos “progresivos y solidarios”, pero habría sido alentador escucharlo decir, además, “inocuos, hasta donde sea posible, para la actividad económica”.
Es el gasto el que debe aproximarse a los ingresos para disminuir la brecha entre ambos, sin negar al erario mejoras en recaudación provenientes de la lucha contra la evasión. Hoy existe más razón que nunca para que cada quien pague lo justo, de conformidad con la ley.
El ministro Villegas anunció un presupuesto nacional austero en el 2021, así como la correcta aplicación de la regla fiscal. También pidió a la Asamblea Legislativa aprobar la suspensión del pago de las anualidades en los próximos dos años y la reducción del 15 % de la jornada a los empleados públicos cuyos ingresos sean superiores a ¢1,5 millones. Son medidas útiles para contribuir a enfrentar la emergencia, no reformas estructurales de largo alcance. En este último capítulo, solo hubo mención de la ley de empleo público. Sería un avance significativo, sobre todo si se ajusta a las nuevas circunstancias, pero tampoco es suficiente. Es preciso plantear acciones más visionarias.