El proyecto del liberacionista José Joaquín Hernández para modificar el reglamento legislativo y eliminar las votaciones secretas saldaría una deuda del Congreso con la ciudadanía y la Constitución Política. La primera pasa la cuenta a los diputados y, peor todavía, al sistema democrático, cada vez que una decisión trascendental se adopta a espaldas del soberano. La segunda establece la publicidad como regla y fija estrictos requisitos para el secreto, pero nunca ha sido atendida.
El secreto debilita el vínculo entre los legisladores y sus representados. Inevitablemente, siembra dudas sobre negociaciones y motivaciones, incluso las razonables. El secreto mancha las mejores intenciones. No hay modo de justificarlo en el más público de los poderes republicanos.
La iniciativa de Hernández también constituye un reconocimiento del paso del tiempo y el cambio de las circunstancias. La falta de transparencia es pecado capital, como no lo fue en el pasado. El sistema sufre con cada maniobra mal cobijada por los secretos del reglamento y, cuando se trata de nombramientos, las sombras acompañan a los elegidos a sus nuevos puestos.
Por eso, la Constitución prevé el secreto como excepción, bien justificada y adoptada por amplia mayoría de los diputados. Tan restrictivo es el texto que es difícil imaginar la circunstancia justificante del procedimiento. Según el artículo 117, el secreto solo se justifica “por razones muy calificadas y de conveniencia general” cuando medie un acuerdo respaldado, por lo menos, por dos terceras partes de los diputados presentes.
Las “razones muy calificadas y de conveniencia general” deben ser razonadas y están sujetas a control de constitucionalidad. Es decir, la mayoría calificada no basta para blindar el acuerdo de otros cuestionamientos y siempre debe ser adoptado para el caso concreto, no con alcance general. Tantos obstáculos al secretismo debieron revelarnos, hace mucho tiempo, la incompatibilidad de las votaciones secretas establecidas por mero reglamento con las aspiraciones del orden constitucional.
Un trascendental fallo de la Sala Constitucional redujo, en el 2019, las oportunidades de actuar en secreto cuando la decisión verse sobre votos de censura, acusaciones o suspensiones de funcionarios y compatibilidad de sus cargos con otras funciones. La integración de la Comisión de Honores también debe ser pública, así como la concesión de títulos de ciudadano de honor y beneméritos de la patria, las ciencias, las artes o las letras. La única reserva autorizada es sobre los datos cuya divulgación esté prohibida por ley.
No obstante, la Sala no se ha pronunciado sobre las votaciones secretas para elegir magistrados o negarles la reelección. Hay un recurso planteado desde hace tiempo, pero la Asamblea Legislativa enviaría un mensaje de cambio y transparencia si se adelantara a hacer la reforma por su cuenta. También sería un mensaje de sintonía con las aspiraciones de los ciudadanos.
La propuesta bajo examen eliminaría todo resquicio de secretismo, en armonía con la Constitución, con claridad meridiana: “Todas las votaciones y sesiones que celebre la Asamblea Legislativa serán públicas”. La excepción sería únicamente la establecida por la Constitución Política. Junto con la reelección o continuidad de los magistrados en sus cargos, la reforma eliminaría otros secretos menores, pero no cabe duda de que la conformación de la Corte es el cambio más trascendental. La eliminación del secreto beneficiará también al Poder Judicial corriendo el velo que a estas alturas solo alimenta sospechas.