La fijación de responsabilidades políticas contenida en el informe de la comisión investigadora de los créditos concedidos por el Banco de Costa Rica (BCR) acapara la atención de la ciudadanía. Es el aspecto más llamativo. Sentar responsabilidades políticas es importantísimo, exige valentía, y si algo hemos echado de menos los ciudadanos es el claro señalamiento de las faltas, con nombre y apellido. Pero la importancia de ese ejercicio no debe restar trascendencia a las reformas sugeridas por la comisión legislativa para impedir, o cuando menos dificultar, la repetición de hechos similares en el futuro.
El señalamiento y castigo de los responsables de cualquier perjuicio para los intereses nacionales no impedirán, por sí solos, el surgimiento de nuevas anomalías. Por eso los diputados de la comisión no se detuvieron en la fijación de responsabilidades y ofrecieron trece reformas para cerrar portillos a los actos de corrupción. Sería ingenuo pensar en esas medidas como un remedio definitivo, pero varias de ellas implican un perfeccionamiento de los sistemas y regulaciones vigentes.
Hace siete años, por ejemplo, la Sala Constitucional señaló la ausencia de medios para reaccionar ante la violación al deber de probidad por un diputado. Los magistrados pidieron a la Asamblea Legislativa llenar el vacío, pero no tuvieron éxito. Ahora, la comisión, confrontada con la participación de varios legisladores en los hechos investigados, propone una reforma a la Constitución Política y al Reglamento Interno para permitir el retiro de credenciales en esos casos. Si la sugerencia se concreta, las nuevas normas no garantizarán la conducta de los diputados, pero proveerán un remedio cuando se aparten del comportamiento esperado.
La investigación también demostró las consecuencias de una laguna legal a cuyo amparo es posible destruir la grabación de las sesiones de junta directiva de los bancos poco después de declarada la firmeza de las actas. La destrucción de los registros implica la renuncia a importantes medios de prueba sin ofrecer nada a cambio. Por eso la comisión recomienda reformar la ley de archivos para imponer la obligación de preservar las grabaciones.
Si las recomendaciones de la comisión se concretan, la inmunidad de los miembros de los supremos poderes no podrá ser aplicada cuando se trate de delitos comunes. También se regulará el cabildeo político y las resoluciones de la Procuraduría de la Ética Pública serán vinculantes cuando versen sobre el nombramiento de juntas directivas.
En la misma dirección va la propuesta de reformar la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional para asegurar la idoneidad de los directivos y gerentes. La recomendación coincide con peticiones formuladas en el pasado por la Superintendencia de Entidades Financieras y va a contrapelo de disposiciones contenidas en un proyecto de ley promovido por el diputado Víctor Morales Zapata para aminorar los requisitos de los directivos del Banco Popular.
Algunas recomendaciones serán objeto de debate. Los propios magistrados estudian las reformas necesarias a su sistema de elección, pero el nombramiento por un solo periodo de nueve años difícilmente contará con apoyo universal. Habrá quien se pronuncie por periodos más cortos, limitar el número de reelecciones u otras reformas posibles. Lo importante es plantear la discusión con miras a perfeccionar el sistema vigente. El debate pronto se verá enriquecido por las propuestas de la misma Corte.
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Las sugerencias de la comisión tampoco son una lista exhaustiva. El Congreso, por ejemplo, debe revisar los tipos penales generalmente aplicables a la corrupción en el sector público y el informe no ahonda en ese aspecto. Lo importante es transformar las recomendaciones sobre reforma institucional en una amplia discusión que ojalá desemboque en proyectos concretos, cuyo trámite expedito contribuya a impedir hechos como los investigados por la comisión legislativa.