No hay ambigüedades en la oferta del plan de gobierno del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) para las elecciones del 2022: “Todas las sesiones del Consejo de Gobierno, los concejos municipales y juntas directivas de instituciones autónomas y otros órganos estatales serán públicas y transmitidas en tiempo real por medios accesibles a la ciudadanía, excepto lo previsto en el artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública” (expedientes relacionados con investigaciones disciplinarias o secretos de Estado).
En campaña, el presidente Rodrigo Chaves hizo de la promesa un pilar de su compromiso con la transparencia. En el poder, la oferta está lejos de materializarse. En la práctica, la transparencia del Consejo de Gobierno y todas las entidades citadas en el programa electoral ha retrocedido dramáticamente.
El incumplimiento fue justificado, en un principio, por supuestas dudas sobre la legalidad de la medida, pero la fragilidad del argumento se evidencia por la falta de citas concretas de las normas contrarias a la publicidad. Si se cuida la aplicación del artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, como prometía el programa de gobierno, no parece haber mayor obstáculo ni el gobierno lo ha señalado. Por otra parte, el argumento invita a preguntar por qué no se esclarecieron las dudas antes de pedir al electorado el voto con la promesa de publicidad y el implícito cargo de falta de transparencia contra los gobiernos anteriores.
Para incumplir el ofrecimiento de campaña también se pretextó la existencia de inconvenientes técnicos. La excusa cayó en picada cuando medios nacionales ofrecieron hacer la transmisión con señal compartida para todos los colegas. Además, hay una clara contradicción con los recursos empleados por la Casa Presidencial para la transmisión de las conferencias de prensa y producciones fílmicas de diversa naturaleza.
Por fin, la fracción legislativa del Frente Amplio planteó un proyecto de ley para concretar la promesa del plan de gobierno y el presidente se vio obligado, por primera vez, a manifestarse en contra de la oferta tantas veces repetida en sus discursos. La iniciativa, afirmó, es meramente “cosmética”.
Las razones brindadas para justificar el cambio de parecer son sorprendentes. Argumenta el mandatario que de todas formas podría reunirse con sus ministros para tratar temas en secreto. Es cierto, pero también lo era en el momento de redactar el programa de gobierno y cuando defendía la propuesta en campaña.
Por otra parte, el espíritu de la oferta era la transparencia y presuponía una renuncia a otras actuaciones secretas. Justificar el incumplimiento por la facilidad con que quienes hicieron la promesa podrían violarla carece de sentido. En efecto, como dijo el presidente, primero podría reunirse con los ministros en secreto y luego en un Consejo de Gobierno público. No obstante, si lo hiciera, además de incumplir la promesa electoral lo haría con grosera burla de las aspiraciones de sus electores.
La verdad es que la promesa nunca debió ser formulada, y solo se explica por la demagogia. No todos los actos de gobierno pueden ser públicos, sobre todo en la etapa deliberativa, cuando los funcionarios deben gozar de la mayor amplitud para expresar sus opiniones. La publicidad, como principio democrático, no se contradice con la discreción necesaria, muy distinta del secretismo.
El rechazo presidencial al proyecto de ley está justificado, pero eso no impide pasar la cuenta por las promesas irrealizables o formuladas sin intención de cumplimiento, sobre todo, cuando, en la práctica, se escoge el rumbo radicalmente opuesto. El Consejo de Gobierno nunca fue público por razones comprensibles, pero sus actas siempre dijeron mucho más que en la actualidad.