Ocho de los veintiocho colegios profesionales existentes gozan de timbres creados para financiarlos. Esa es la primera iniquidad argumentada por el diputado Luis Ramón Carranza y la fracción del Partido Acción Ciudadana para justificar su apoyo a un proyecto de ley destinado a eliminar el privilegio.
Pero el trato dispar a las profesiones organizadas no es la principal injusticia. Los timbres son un incremento artificial de los costos de servicios indispensables, como los médicos, legales, odontológicos y de ingeniería, entre otros. Según la Contraloría General de la República y las propias organizaciones gremiales, dice Carranza, los ciudadanos han pagado ¢45.000 millones en timbres a lo largo de una década.
No es dinero indispensable para velar por la buena marcha de las profesiones. Ese es el propósito fundamental de los colegios profesionales, pero en casi todos el control se centra en apenas un departamento y se financia con una pequeña fracción de los ingresos totales. En cambio, las organizaciones profesionales subvencionadas con timbres ofrecen a sus miembros beneficios e instalaciones.
Entre los clubes privados más baratos del país están los colegios profesionales. Por solo ¢6.600 mensuales, los abogados y sus familias tienen acceso a piscinas, canchas deportivas, bares y salones de fiesta, entre otras facilidades. En otros colegios, las cuotas son más altas, pero no lo esperable en relación con lo recibido a cambio.
La carga sobre la ciudadanía, aseguran los proponentes del proyecto de ley, resta capacidad adquisitiva a familias y sectores productivos e incrementa la tramitomanía. El trámite malogrado por falta de un timbre es una experiencia tan común que echó raíces en la experiencia costarricense y es hoy un chiste repetido a costa de la burocracia.
El papel de los colegios como garantes del buen ejercicio de las profesiones y la promoción de avances en sus campos especializados no está en discusión. La pregunta es si los timbres son necesarios para garantizar esa función y compartimos la respuesta negativa de los proponentes del proyecto de ley.
Si los timbres fueran indispensables para salvaguardar el correcto ejercicio de las profesiones, los otros 20 colegios no tendrían razón de ser y las especialidades sometidas a su vigilancia serían una tragedia nacional.
“Nuestra función como legisladores es seguir consolidando las acciones necesarias para ayudar a la reactivación económica, además de seguir facilitando trámites, eliminar costos operativos y también privilegios pagados con el dinero de la población”, manifestó el diputado Carranza en apretada síntesis de sus propósitos.
Planos constructivos, trazados de urbanizaciones, viviendas, locales comerciales e industriales, contratos, autenticaciones, traspaso de propiedades, campañas publicitarias, dictámenes médicos, legalización de libros de contabilidad, actas, registros de accionistas, pólizas de desalmacenaje, peritajes, certificaciones de cuentas, materiales e insumos odontológicos, entre otros bienes y servicios, se encarecen para la generalidad de la población mientras los beneficios alcanzan a grupos muy reducidos.
Sobre el proyecto de ley se desatarán fuertes presiones. La influencia de las agrupaciones profesionales favorecidas es mucha y alcanza con facilidad al Parlamento y también al Poder Ejecutivo. Es difícil creer en la pronta aprobación de la iniciativa, pero cuando ocurra tendremos una señal de la voluntad de modernización y cambio, indispensables para sacar al país adelante.