El esperado plan para enfrentar el viejo problema de las listas de espera en la Caja Costarricense de Seguro Social fue revelado el martes, en el Estadio Nacional. Hay interrogantes sobre los medios para conseguir los resultados prometidos, pero también hay metas concretas y ese es un paso adelante. Las autoridades asumen un compromiso cuyos claros contornos reflejan confianza en la posibilidad de alcanzar las metas.
Si lo logran sin desequilibrar las finanzas de la institución más allá de las dificultades señaladas con insistencia en los últimos meses, habrán hecho un aporte determinante a la salud pública y a la paz social. Si bien la atención médica universal es uno de los factores decisivos de la estabilidad del país, la creciente frustración con sus falencias es un potente motor del desencanto.
Si la Caja consigue, a finales del 2025, evitar esperas de más de un año para recibir atención, como propone el plan anunciado el martes, habrá dado un paso decisivo, en apenas dos años, para recuperar la confianza de los asegurados. Dentro de un año, todos los pacientes incorporados a las listas de espera entre el 2017 y el 2021 habrán sido atendidos, y esa será una primera oportunidad de evaluación de los resultados.
Para lograr sus propósitos, la presidenta ejecutiva Marta Esquivel contará, el año entrante, con ¢200.000 millones, aprobados por el Comité de Inversiones de la institución apenas cuatro días antes del anuncio del plan, en una reunión extraordinaria convocada al efecto. Una de las preguntas pendientes de respuesta es la fuente de ese dinero y una noción de sus destinos específicos. Gabriela Artavia, gerenta financiera, dice que los fondos provienen de las inversiones a corto y mediano plazo sin destino específico. La prioridad del gasto dependerá de las estrategias que se vayan materializando.
Es mucho dinero, pero las necesidades acumuladas son grandes y la suma palidece frente a los ¢3,6 billones presupuestados para el seguro de enfermedad y maternidad en el 2023. La Caja espera recuperar al menos la cuarta parte de los 314 médicos especialistas que renunciaron y piensa acelerar la formación de otros 40 al año. Para satisfacer las necesidades, deberá también retener a los profesionales contratados a la fecha. Además, anuncia la compra de servicios privados “de manera ordenada” y la adopción del copago de servicios hasta por un 50 % o 60 %.
Según la Dirección de Presupuesto y la Gerencia Financiera de la Caja, la propuesta de contratar servicios médicos privados para reducir las listas de espera en Cirugía no tiene presupuesto y la contratación de una decena de procedimientos para 39.000 pacientes costaría ¢122.000 millones. La cifra ayuda a dimensionar la inversión de ¢200.000 millones anunciada para combatir los rezagos el año entrante.
Por otra parte, las estimaciones del copago fueron hechas con base en el costo de las intervenciones quirúrgicas para la Caja, según cálculos de la propia institución. El 50 % o 60 % de esos costos apenas alcanza para pagar entre el 9 % y el 23 % de la atención en clínicas y hospitales privados de 10 operaciones seleccionadas para el estudio. Las sumas finales ponen en duda la aplicación práctica de la medida.
La Caja también apuesta por las jornadas de producción hospitalaria para desahogar las listas de espera. El recurso se viene aplicando en todo el país con pago de horas extras al personal participante. No ha sido posible conocer el monto invertido en las jornadas, pero sin duda es significativo.
Aparte de la espera por operaciones, una de las listas más abultadas es la de procedimientos diagnósticos, como tomografías, mamografías, placas y resonancias. La lista aumentó de 552.802 estudios pendientes en marzo a 622.018 a mediados de agosto,y los plazos promedio de espera pasaron de 146 a 355 días en esos cinco meses.
En suma, el reto es formidable. Las metas fijadas el martes, como aspiración y compromiso, son una buena noticia. Ojalá los recursos previstos sean suficientes y los buenos propósitos se materialicen.