Un día como hoy, hace 40 años, entró en vigencia la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Desde entonces, su aporte, y el de la Corte Interamericana a la que dio vida, han sido determinantes para proteger e impulsar los derechos fundamentales en nuestro hemisferio. Los costarricenses, que los tenemos profundamente incorporados a nuestra institucionalidad, identidad y vida cotidiana, debemos sentirnos sumamente complacidos por los inmensos aportes del documento y el Tribunal, y por la particular vinculación de nuestro país con ambos.
Fue en nuestra capital que la Conferencia Especializada de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó la Convención, el 22 de noviembre de 1969; por algo también se conoce como Pacto de San José. El año siguiente Costa Rica se convirtió en el primer país en ratificarla y aceptar su jurisdicción. Tras su entrada en vigencia, el 18 de julio de 1978, la Asamblea General de la OEA aceptó la oferta nacional para que la Corte-IDH tuviera su asiento en San José; su instalación se produjo el 3 de septiembre de 1979. Cuatro años después entró en vigencia el convenio de sede entre el país y el organismo. No solo otorgó a la Corte todas las garantías, inmunidades y privilegios correspondientes; también dotó a sus decisiones jurisdiccionales del mismo peso que las emitidas por tribunales nacionales. En 1993 nuestro Estado le donó la casa que ocupa actualmente, en el barrio josefino Los Yoses.
Costa Rica fue también el primer país en activar el mecanismo de consultas contemplado por la Convención, y ha sido el que más lo ha utilizado. Gracias a él, por ejemplo, la Corte determinó la incompatibilidad entre la colegiación obligatoria de periodistas y la libertad de expresión consagrada por la Convención. Su más reciente opinión consultiva, también a solicitud de nuestro Estado, consolidó el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y a que los transexuales cuenten con mecanismos sencillos y expeditos para reflejar en documentos oficiales su identidad de género percibida.
Además, la Corte ha fallado importantes casos contenciosos en los que se ha visto envuelto, como parte acusada, el Estado costarricense. El más emblemático amplió el ejercicio de la libertad de expresión y ha conducido a una jurisprudencia nacional mucho más liberal en relación con los llamados “delitos contra el honor”. En otros casos cruciales, que atañen a otros países, la Corte ha defendido los derechos de asociación, ha condenado a Estados por desapariciones forzosas, ha protegido a defensores de los derechos humanos, ha defendido la libertad de manifestaciones públicas, y ha comenzado a desarrollar una jurisprudencia de gran trascendencia en temas ambientales.
Por todo lo anterior, ha consolidado su papel clave dentro de un Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) pionero en el mundo y que ha dotado a los ciudadanos de América de mayores protecciones para enfrentar agresiones y de mayores recursos para impulsar garantías civiles, políticas, económicas, sociales y culturales. El primer bastión de ese sistema fue la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en Bogotá el 2 de mayo de 1948, siete meses antes que la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada en 1959, y luego ha establecido relatorías especiales sobre temas específicos. Tras la Convención y la Corte se han generado otras convenciones y protocolos contra la tortura, la pena de muerte y las desapariciones forzosas, y para proteger los derechos de las mujeres, las personas discapacitadas, los niños y los adultos mayores. En el año 2000 se emitió la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, y al siguiente fue emitida la Carta Democrática Interamericana.
Precisamente por este avance se ha generado la hostilidad de autócratas, fanáticos y sectores intolerantes en contra del Sistema. Se han escondido, falazmente, en contraponer el respeto a los derechos humanos, que son universales, a un concepto estrecho y autoritario de soberanía. El lunes, en el acto de celebración de los 40 años de la Convención, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, contrarrestó esta falacia al destacar precisamente que los Estados más respetuosos de los derechos humanos son los que más se fortalecen para ejercer la soberanía con el respeto de su población.
LEA MÁS: Así no era
En vista de las fuerzas que hostilizan y agreden no solo a la Convención y a la Corte Interamericana, sino también al SIDH como un todo, este aniversario, además de fuente de celebración, debe ser un acicate para seguir luchando por la vigencia plena de los derechos humanos. Es un deber que la Corte, sin ser perfecta, ha ejercido con vigor, asentada en el pacto que le dio vida. Sin embargo, la responsabilidad se extiende a todos los ciudadanos y los sectores convencidos del valor fundamental de la libertad, la democracia y la dignidad.