Según la diputada Carmen Chan, vocera legislativa del bloque independiente Nueva República, afín al ex candidato presidencial Fabricio Alvarado, los diputados favorables al proyecto de ley sobre la pesca de arrastre están “comprometidos” con las zonas costeras, abandonadas por “los gobiernos de turno”.
La declaración, amén de maniquea, confunde los elementos fundamentales del debate. Comienza la diputada por achacar a los opositores del proyecto falta de compromiso con las comunidades costeras y, al parecer, voluntad de seguir marginándolas, como si la pobreza en las costas fuera producto directo e inevitable de la prohibición de la pesca de arrastre.
Si así fuera, la legisladora debería reconocer el “compromiso” de los gobiernos anteriores a la prohibición de esa modalidad de pesca y, de paso, explicar por qué las costas estaban, también entonces, entre las regiones más pobres del país. Podría, por otra parte, estimar el beneficio de la ley aprobada ayer, sin dejar de restar los efectos negativos. A falta de esas valoraciones, es difícil cuantificar el “compromiso”.
El “compromiso” de la legisladora tiene, además, el inconveniente de nadar contra la corriente de la comunidad científica. Expertos de las dos principales universidades estatales y organizaciones no gubernamentales coinciden en señalar deficiencias en el estudio utilizado para fundamentar la nueva ley.
A consecuencia del debate científico, la posibilidad de un fracaso del proyecto en la Sala Constitucional es grande. Si ocurre, como parece probable a partir de la jurisprudencia dictada hasta ahora y los cuestionamientos hechos al fundamento técnico de la nueva ley, una sombra de duda se proyectará sobre el “compromiso” pregonado. Tirios y troyanos han advertido las debilidades del proyecto. Si las advertencias desembocan en un fracaso, tomará cuerpo la idea de una tomadura de pelo.
El “compromiso” con las comunidades costeras no se demuestra con la aprobación de la pesca de arrastre. Esa no es la solución de los problemas injustamente sufridos por las costas. Según los estudiosos, el arrastre más bien pone en peligro la pesca artesanal y otras actividades productivas, como el turismo.
El 7 de agosto del 2013, la Sala IV ordenó “no otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, ni renovar los vencidos, ni tampoco reactivar los inactivos” mientras no se aprobara una ley sustentada en estudios científicos aptos para garantizar prácticas de pesca sostenible. Los legisladores opuestos al proyecto de ley anunciaron, apenas terminada la votación, que la consulta facultativa a los magistrados sobre la constitucionalidad de la iniciativa ya está lista y solo falta revisar detalles.
El peso de la decisión descansará sobre la suficiencia de los estudios porque la fricción entre la técnica tradicional y los valores ambientales protegidos por la Constitución Política está establecida desde el fallo del 2013. La pregunta es si las artes de pesca probadas por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) producen suficiente disminución del daño para satisfacer el “desarrollo sostenible democrático” y si los ensayos documentados lo garantizan.
El 95 % de lo extraído en las redes empleadas para la pesca tradicional del camarón es “fauna de acompañamiento” o “pesca incidental”. Solo el 5 % es camarón. Los estudios utilizados por el Congreso para impulsar el proyecto de ley hablan de una reducción de la captura incidental al 25 %. No es poco, pero aun esa cifra está en duda y los legisladores que aprobaron la iniciativa lo saben.