En dos señaladas ocasiones, el gobierno ha mencionado la intención de proponer una reforma del secreto bancario. Primero, lo hizo el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, en su esperada comparecencia ante el plenario legislativo para informar sobre la necesidad de enfrentar el endeudamiento público. Luego, el presidente, Carlos Alvarado, trajo el tema a colación durante la conferencia de prensa llevada a cabo para anunciar medidas de su administración frente a la crisis creada por el decreto de la malograda UPAD.
En ninguna de las dos ocasiones hubo detalles, y solo queda adivinar si la idea es modificar procedimientos o eliminar el secreto cuando medie interés de la autoridad tributaria. La falta de propuestas concretas conduce a pensar en una mera ocurrencia, utilizada un día para equilibrar propuestas en cuyo nombre no hace falta sacrificar una garantía de tanta importancia o invocada otro día para responsabilizar a “grupos económicos” no identificados de la exagerada dimensión del escándalo de la UPAD.
Si la idea es modificar los procedimientos, el gobierno debería empezar por explicar al país la necesidad de hacerlo. La legislación ya contempla medios para franquear el secreto bancario. Exigen la intervención de un juez para resguardar el derecho. Si el sistema vigente no resulta satisfactorio, el país tiene derecho a saber por qué. ¿Cuántas veces ha intentado la administración tributaria levantar el secreto bancario? ¿Cuántas veces han sido denegadas sus peticiones y por qué motivos? ¿Cuánto tardan los jueces para resolver las solicitudes?
Sin respuestas a las preguntas planteadas no es posible una discusión sensata sobre las garantías existentes. Conocidas las respuestas y descartados posibles motivos de atraso imputables a la administración, sería necesario examinar si el problema está en el secreto bancario como lo entendemos en Costa Rica o en factores externos a él, como sería, por ejemplo, la lentitud o mora judicial. En ese caso, el ajuste haría falta en otra parte.
La discusión es totalmente distinta si el propósito es eliminar el secreto bancario frente a la autoridad tributaria. En ese caso, el gobierno debe comenzar por valorar sus posibilidades de éxito o, por el contrario, el riesgo de entrabar el resto de su agenda, sacrificándola en el altar de esa causa. La ministra de Información, Nancy Marín, ya dijo que hay asuntos más cruciales, y tiene razón, pero, en ese caso, no se comprende la insistencia en volver sobre el tema, siempre sin detalles, en ocasiones tan serias.
Si por cualquier motivo al asunto se le diera la prioridad que esas menciones parecen conferirle, estaríamos a las puertas de un profundo debate sobre los efectos de la medida y la disposición de la sociedad a despojarse de la garantía de intervención judicial. ¿Cuál sería el efecto sobre la inversión y el dinamismo económico? ¿Acudiría el capital extranjero a una jurisdicción con menos garantías?
Hay diversos tratamientos para el secreto bancario en el mundo, pero los países donde se origina la mayor parte de la inversión extranjera en Costa Rica tienen protecciones similares a la nuestra. En Estados Unidos, fuente de buena parte del capital extranjero, el propietario de la cuenta tiene derecho a defender su privacidad en los tribunales, sea porque la información pretendida por la autoridad tributaria no se encuentra en el lugar señalado o por otro motivo que acredite la impertinencia de la gestión.
En nuestro país, el debilitamiento del secreto bancario implica un peligro adicional. Lo señaló la exministra de Hacienda Rocío Aguilar, cuya autoridad difícilmente pueda ser cuestionada. La autoridad tributaria costarricense no ofrece suficientes garantías de confidencialidad. Ha sido origen de filtraciones y nada le impide volver a serlo. El peligro no podría ser más evidente. Si esa es la discusión prioritaria del gobierno, tampoco podría ser más visible el peligro para su agenda.