Mediante una burda maniobra, reflejo de los peores métodos de una dictadura estancada, corrupta, violenta y deslegitimada, el régimen de Nicolás Maduro asestó el domingo un golpe de fuerza a la Asamblea Nacional. Como primer acto de la acción, sus fuerzas de seguridad impidieron la entrada a la sede parlamentaria, donde se renovaría el Directorio, al presidente Juan Guaidó y a la mayoría de los diputados. En el segundo, sin comprobar el cuórum y en medio del caos, la minoría de diputados chavistas eligieron, para sustituirlo, a Luis Parra, antiguo representante de un grupo opositor, del que había sido expulsado por severos cargos de corrupción.
De este modo, la dictadura pretendió acabar con la independencia de la Asamblea, único órgano del Estado elegido democráticamente, en diciembre del 2016. Pero los hechos no siguieron al pie de la letra el guion establecido. Un tercer acto, fuera del dominio oficial, frustró, al menos en lo inmediato, el desenlace esperado por Maduro y sus secuaces: en una reunión celebrada fuera del recinto acordonado por los militares, la mayoría opositora eligió al nuevo Directorio, encabezado por Juan Guaidó, quien de este modo también se mantiene como único presidente en funciones de Venezuela.
La arbitrariedad y torpeza de la maniobra fue tal que hasta los gobiernos de Argentina, México y Uruguay, en extremo complacientes con el régimen, se distanciaron y condenaron, cada uno por su parte, el uso de la fuerza para impedir la sesión de la Asamblea. Ayer lunes, Canadá y diez países latinoamericanos integrantes del Grupo de Lima emitieron un comunicado en el cual, entre otras cosas, reconocieron la reelección de Guaidó, por “mayoría parlamentaria”, como “presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela”, condenaron el uso intimidatorio de la fuerza por parte del régimen y reafirmaron la necesidad de celebrar, con observación internacional, “elecciones generales, libres, justas y transparentes, conducidas por un Consejo Nacional Electoral y un Tribunal Supremo de Justicia renovados e independientes”.
Nos complace que nuestro país haya sido firmante del comunicado y que, en otro emitido el domingo, expresara “su más enérgica condena” a la “inaudita y burda maniobra” que “exhibe la naturaleza del régimen y constituye un grave golpe a la institucionalidad democrática”. Por tal motivo, Costa Rica también advirtió que “no reconocerá ninguna representación que pretenda el régimen de Maduro, pues carece de toda legitimidad”, y reiteró “su solidaridad con el presidente Juan Guaidó, con los diputados de la Asamblea Nacional y con el pueblo venezolano en su lucha por restaurar la democracia”.
Ante estos justificados rechazos, es posible suponer que la jugada de Maduro ha acrecentado su aislamiento internacional, y la suposición se tornaría en certeza si los aproximadamente 60 países que reconocen a Guaidó como presidente en funciones siguieran una actitud similar a la del Grupo de Lima, y a ella se sumaran otros Gobiernos democráticos. Esperamos que así sea. Sin embargo, y por desgracia, más aislamiento diplomático no será suficiente para lograr el retorno a la democracia. Hasta ahora, el régimen ha logrado comprar tiempo en el poder mediante la manipulación y el control institucional, la corrupción en los altos mandos militares y gubernamentales, el uso desproporcionado de la fuerza, la administración de la miseria como instrumento de dominio, la modificación de su política monetaria y la venta de petróleo a países como China y la India, y de oro contrabandeado en el mercado internacional. Todo indica, desgraciadamente, que mientras más tiempo pase, más logrará consolidarse.
El golpe parlamentario, sin duda, ha expuesto con inusual crudeza la naturaleza de la dictadura, pero al crear más confusión también la puede beneficiar. Por esto, es necesario ir más allá de las condenas verbales —siempre necesarias— y rechazar las medidas que permitan a Maduro comprar más tiempo. Se impone adoptar acciones más drásticas que, en el marco del derecho internacional y la institucionalidad del Sistema Interamericano, hagan pagar al régimen al más alto precio posible por una arbitrariedad dictatorial que, además, ha creado una tragedia humanitaria que amenaza la seguridad de sus vecinos. Lo contrario sería catastrófico para Venezuela y el resto del hemisferio.