Con el respaldo de 26 de sus 34 miembros, 3 oposiciones y 5 abstenciones, la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el miércoles 15 una resolución que, aunque omite invocar la Carta Democrática Interamericana, toma una firme y necesaria posición contra la dictadura de Daniel Ortega. Los tres países que se opusieron al texto no sorprendieron; fueron la propia Nicaragua, Bolivia y el micro-Estado caribeño San Vicente y las Granadinas. Sin embargo, hubo dos abstenciones que, no solo en sí mismas, sino por las razones luego esgrimidas para sustentarlas, preocupan y lanzan una sombra de duda sobre los gobiernos de México y Argentina, que estuvieron acompañados por Belice, Dominica y Honduras. También abren serias dudas sobre qué podrá seguir desde el organismo regional.
La resolución, que tuvo a Costa Rica como uno de sus patrocinadores, expresa «su grave preocupación» porque Ortega, a pesar de un compromiso formal asumido con la OEA, no haya aprobado reformas electorales propiciadoras de un proceso honesto, abierto y competitivo; al contrario, impuso nuevas restricciones para la participación política y ejecutó la captura total del Consejo Supremo Electoral con fichas del sandinismo. Por esto, también insta «enérgicamente» al régimen a que «sin demora», implemente cambios «acordes con las normas internacionales aplicables» para garantizar «unas elecciones transparentes, libres y justas en noviembre».
A las decisiones legislativas más recientes, precedidas por un conjunto de leyes represivas aprobadas a finales del pasado año, la dictadura añadió la represión directa y brutal, mediante apresamientos y cargos sin sustento contra todos los aspirantes presidenciales independientes y dirigentes de organizaciones no gubernamentales, incluidos conspicuos empresarios. El texto aprobado por el Consejo Permanente de la OEA condena «inequívocamente» esos arrestos y pide la inmediata liberación no solo de los precandidatos, sino también de «todos los presos políticos», además de condenar el «acoso y restricciones arbitrarias» impuestas a partidos y medios independientes.
Todo gobierno medianamente conocedor de la naturaleza de la dictadura que impera en Nicaragua, comprometido con la democracia, apegado al principio de legalidad, vigilante de que los compromisos internacionales se cumplan y defensor de los derechos humanos debió haber aprobado sin reticencias esta resolución. México y Argentina, con su abstención, demostraron no estar entre ellos. La manera en que justificaron su conducta, mediante un comunicado conjunto emitido ese día por ambas Cancillerías, es una muestra de confusión, hipocresía y renuncia a sus deberes como gobiernos emanados de elecciones libres.
Primero, de manera muy ambigua, «manifiestan su preocupación» por «los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua», en particular «la detención de figuras políticas de la oposición»; sin embargo, se declaran imposibilitados de «acompañar» la resolución bajo el difuso principio de «no intervención», y, además, critican indirectamente a los 26 países que la respaldaron, porque no acompañan «el normal desarrollo de las instituciones democráticas». Olvidaron decir que no hay normalidad alguna en Nicaragua, sino la peor arremetida dictatorial en décadas, y que fue el propio Ortega quien se comprometió a las reformas electorales que la OEA le reclama.
En una muestra de sorprendente ingenuidad que roza en el cinismo, México y Argentina, además de manifestar su disposición a «colaborar constructivamente» (no dicen con quién ni qué), manifiestan el convencimiento de que «esta situación» (de nuevo la ambigüedad) será «superada por las y los propios nicaragüenses, resguardando la convivencia pacífica, la división de poderes, el respeto a las minorías, las garantías constitucionales y, en general, el pleno respeto de todos los derechos humanos». Lo anterior es, precisamente, lo que el régimen nicaragüense ha violado. Así, ha cerrado toda vía cívica para la acción política y social.
Por desgracia, esta actitud de dos de los más influyentes países del hemisferio augura que será muy difícil invocar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana en el caso de Nicaragua. Por esto, habrá que pensar en otros medios de enérgica presión diplomática y económica para evitar que Ortega y sus secuaces se salgan con el propósito de irrespetar flagrantemente la voluntad popular e imponer la dictadura total en Nicaragua. Eso no es intervención; es simple compromiso con la democracia, la solidaridad, la dignidad y los derechos humanos.