Unos 456.000 niños y adolescentes viven en hogares en condición de pobreza o pobreza extrema. Corren el riesgo de mantenerse en esa situación el resto de sus vidas sin la intervención de políticas estatales capaces de romper el círculo de miseria identificado por infinidad de estudios.
La pobreza se hereda por varias vías y una de las más influyentes es la afectación del desarrollo cognitivo, físico y emocional. Expone a los niños a ambientes educativos desventajosos, con padres carentes de la formación necesaria para apoyarlos en el desarrollo de destrezas y la adquisición de conocimientos aunque logren mantenerlos en el sistema educativo. Solo la diferencia en el vocabulario al cual están expuestos los niños según su condición social explica grandes distancias en el aprovechamiento escolar del cual son capaces.
En la temprana infancia, la educación preescolar y los cruciales primeros años de primaria se echan las bases del éxito educativo futuro. Pasadas esas oportunidades, es difícil recuperar el terreno perdido en cognición, psicomotricidad, lenguaje, habilidades socioemocionales y de comunicación. Ese es justamente el momento de intervenir con políticas sociales aptas para compensar las carencias familiares.
Con ese propósito se crearon las becas Avancemos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), la Red Nacional de Cuidado y Desarrollo Infantil, los programas de transporte estudiantil, alimentación y nutrición. No obstante, esas iniciativas vienen sufriendo una constante disminución presupuestaria. En el 2022, los recursos destinados a estos programas fueron ¢316.268 millones, pero la previsión para el 2023 fue de ¢280.679 millones, según el último informe del Programa Estado de la Nación, publicado en noviembre.
Los menores de 18 años son la población más afectada por la pobreza. Entre el 2012 y el 2022, el promedio de niños y adolescentes en esa condición fue del 35,6 %. La cifra del 2022 supera el 38 %, equivalente a los 456.000 niños y adolescentes ya citados. Es casi el doble de la población adulta sometida a la pobreza. En el grupo de 18 a 64 años, el porcentaje se reduce al 20,6 %.
Según el Estado de la Nación, sería necesario ajustar en un 16,5 % el ingreso per cápita de los hogares pobres donde viven niños y adolescentes para ubicarlos por encima de la línea de pobreza. En el 2017, habría bastado un ajuste del 13,6 % para alcanzar el mismo objetivo, lo cual indica la desmejora. En términos absolutos, el ingreso familiar debería incrementarse casi en ¢20.000 por persona.
El análisis revela la siembra de los graves problemas sociales del futuro, incluida la criminalidad y la violencia. En esta materia, las oportunidades perdidas no regresan. Por eso los loables esfuerzos de estabilización fiscal no pueden pasar por alto las exigencias del presente a cambio de fijar la vista en un futuro mejor.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, califica la inversión en educación, salud y protección social como una “obligación moral”. También la entiende como una estrategia de desarrollo económico, pero se limita a prever la recuperación del terreno perdido según avance la restauración del equilibrio fiscal.
La apuesta descansa sobre la rápida reducción de la deuda para fortalecer los programas sociales a mediano plazo. “Al tener menos deuda, se deberá pagar menos en intereses, lo cual liberará recursos que podrán ser dirigidos a gasto público de alto impacto social”, dijo el ministro, pero el daño a buena parte de los 456.000 niños y adolescentes en riesgo de quedar condenados a la pobreza ya estará hecho.