La Comisión sobre Crimen Organizado y Seguridad del Colegio de Abogados ofreció asesoría jurídica y policial gratuita a los alcaldes elegidos el 4 de febrero. Algunas municipalidades están mejor equipadas para aprovechar el ofrecimiento, pero ninguna dejaría de beneficiarse de la asesoría del grupo integrado por reconocidos expertos en la materia.
La comisión cuenta con exjerarcas del Ministerio de Seguridad Pública, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y varios cuerpos policiales especializados, además de jueces y abogados especialistas en derecho penal. El órgano estudia el recrudecimiento de la delincuencia, participa activamente en el debate sobre el problema y contribuye a la formulación y examen de iniciativas de ley.
Su disposición al involucramiento activo marca una nueva y prometedora etapa, con el énfasis puesto en la prevención. No podría ser de otra manera, porque las labores de policía represiva corresponden al OIJ, pero tan importante como el castigo del delito es impedir su comisión hasta donde sea posible.
Hay municipalidades con cuerpos policiales relativamente numerosos. En ellas, la revisión de métodos y programas, apoyada por el criterio experto, podría desembocar en un cambio cualitativo de mucha relevancia. En otras, los recursos son modestos, pero hay formas de ejercer la prevención y vigilancia menos intensivas en uso de personal. La adaptación a las circunstancias locales es una de las áreas donde la Comisión podría contribuir con los concejos de menos recursos.
La inseguridad es el principal problema del país, según el 38,3 % de los entrevistados por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica. Si cuatro de cada diez personas muestran esa preocupación, y muchas otras la habrían colocado de segunda, la sana aspiración de responder al sentimiento de la comunidad también debería colocar la problemática en un sitio de privilegio en la agenda de los gobiernos locales.
La prevención del delito es, sobre todo, responsabilidad del Poder Ejecutivo; no obstante, desde hace años, los concejos aceptaron coadyuvar. Su participación no desplaza las obligaciones del Gobierno Central, pero, en las circunstancias, es una contribución más necesaria que en el pasado.
El OIJ se apartó de sus funciones habituales para hacer labores preventivas en Limón. Lo hizo con plena conciencia de la incursión en un área que no le corresponde, y lo justificó como parte de una estrategia más general, con fines represivos del delito. Desde el principio anunció el carácter temporal del operativo, entre otras razones, por su alto costo en relación con el presupuesto institucional.
Mientras duró, la presencia de los agentes en las calles coincidió con la abrupta pausa de los tiroteos y los homicidios. Lo mismo ha sucedido cuando la Fuerza Pública decide, periódicamente, tomar control de la ciudad. Una presencia policial más constante y mejor dirigida, aunque modesta, podría constituir un apoyo significativo para la lucha contra la delincuencia, mejor todavía si existiera estrecha coordinación con el Ministerio de Seguridad. En otros casos, con recursos más limitados y condiciones menos apremiantes, la vigilancia electrónica y otros métodos podrían ser de utilidad.
La asesoría jurídica es también un elemento de inestimable valor en toda estrategia contra el crimen. Los casos malogrados por contaminación o ruptura de la cadena de custodia de la prueba son demasiado frecuentes. La impunidad resultante es, en la mayoría de las oportunidades, producto de impericia o falta de capacitación.
Ojalá los nuevos alcaldes, y los reelegidos, se acerquen al grupo de expertos, cuando menos para preguntar qué pueden hacer con los recursos a su disposición. Hay grandes disparidades entre los cantones del país, pero nadie ha propuesto una solución de la misma talla para todos. Esa, seguramente, no es la idea de la Comisión.