Uno de los requisitos para el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es el fortalecimiento de su régimen de competencia con el objeto de promover la eficiencia y defender a los consumidores. Las trabas a la competencia pueden ser de origen legal o deberse a prácticas monopolísticas de actores económicos, especialmente de algunas empresas.
La OCDE ha señalado significativas restricciones a la competencia en nuestro país, particularmente en sectores como la energía eléctrica (donde el Instituto Costarricense de Electricidad desempeña un papel prácticamente monopolista), el arroz, el azúcar, la destilación de alcohol y la comercialización de derivados del petróleo. Si en efecto el objetivo es favorecer a los consumidores, en particular a los más pobres, esos mercados deben abrirse a la competencia.
En lo relativo a la supervisión de prácticas monopolísticas, el Estado costarricense, por medio de la Comisión para la Promoción de la Competencia (Coprocom), ente de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), está llamado a ejercer un papel preponderante. Sin embargo, la OCDE señala que la entidad, constituida en 1995, es relativamente débil y debe ser fortalecida para cumplir a cabalidad sus funciones. La reforma debe dotar a Coprocom de mayor independencia, mejores recursos humanos y más presupuesto. La Asamblea Legislativa tiene en estudio un proyecto de ley para lograr esos objetivos.
La promoción de la competencia no es un asunto sencillo. Para analizarlo con propiedad y tomar las decisiones que más interesan al país, es necesario reconocer la importancia del concepto de “mercado relevante” (el mercado geográfico y de productos donde se da la competencia) e identificarlo en cada caso concreto. En un mundo globalizado, como el actual, el mercado relevante va más allá del nacional. Una decisión de Coprocom que lleve a empresas locales a restringir innecesariamente su escala de planta podría lesionarles la capacidad competitiva.
También se debe tener presente que en el mundo moderno operan economías de red, en cuya virtud algunas empresas grandes tienden a ser más grandes cada vez porque eso, en primera instancia, es lo más favorable para los consumidores. Es así como una compañía telefónica es más atractiva para sus clientes conforme mayor sea el número de personas a quienes sirve. Lo mismo puede decirse de las comercializadoras de productos a escala masiva, como Amazon. Sin embargo, esas circunstancias podrían llevarlas a aprovechar sus ventajas para endurecer sus políticas de precios, lo cual iría en contra del interés del consumidor.
En los casos citados, la mejor forma de detectar situaciones monopólicas es analizando la rentabilidad de determinadas empresas. Negocios muy rentables, que superan significativamente la media de su industria, podrían constituir monopolios y, de comprobarse, sería necesaria la intervención estatal en pro de la competencia.
Lo dicho exige que el órgano encargado de la promoción de la competencia, en nuestro caso la Coprocom, cuente con un recurso humano de alto conocimiento técnico, no solo versado en la teoría, sino, también, experimentado en la práctica, pues las consecuencias de sus decisiones pueden ser sensibles. Sus jornadas deben ser de tiempo completo, no parcial como en la actualidad, y eso muy probablemente obligará a reforzar el apoyo económico a la Coprocom. El refuerzo no tiene que venir de un aumento del gasto total del Ministerio de Economía Industria y Comercio, del que depende la Coprocom, pues puede recurrirse a una reasignación de recursos internos del Gobierno, dada la débil situación fiscal del país.
Confiamos en que la comisión legislativa encargada de estudiar el proyecto de reforma a la ley de la Coprocom haga un análisis exhaustivo y adopte las reformas necesarias para satisfacer los requerimientos de la OCDE y atender con propiedad un asunto tan principal como la promoción de la competencia.