Todos los terrenos forestales pertenecientes a las instituciones autónomas son patrimonio natural del Estado por definición de la Ley Forestal. El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) es una institución autónoma. En consecuencia, cuando adquiere un terreno, lo convierte, en el acto, en patrimonio natural.
Según la misma ley, los terrenos constituidos en patrimonio natural del Estado solo pueden ser utilizados para actividades de capacitación, investigación y ecoturismo, no para explotar fuentes de agua. En otras palabras, cuando el AyA adquiere un terreno para alcanzar los fines contemplados por su ley constitutiva, inmediatamente lo inutiliza para esos fines.
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La única forma de salvar la contradicción es, según dictamen de la Procuraduría General de la República, aprobar una ley para ampliar las actividades permitidas en las zonas definidas como patrimonio natural del Estado. Hasta ahora, nadie había advertido el problema, pero el AyA se encontró con el obstáculo cuando intentó aprovechar el agua necesaria para abastecer comunidades de la zona sur. El hallazgo creará dificultades en todo el país.
Los efectos ya se hacen sentir en Tacares de Grecia, donde se paralizó la ampliación de la infraestructura necesaria en el Parque Recreativo Los Chorros. El agua es necesaria para abastecer a 16.000 personas. El AyA intenta remover el obstáculo argumentando ante la Sala Constitucional el derecho al agua para consumo humano contemplado en instrumentos de las Naciones Unidas.
Un fallo favorable de la Sala sería la ruta más expedita, pero es incierta. La Asamblea Legislativa debería ser capaz de reaccionar con prontitud para resolver problemas de tanta urgencia creados, precisamente, por falta de cuidado a la hora de aprobar las leyes. El AyA advierte sobre la imposibilidad de mantener por mucho tiempo el suministro de agua en zonas como las de Pococí, el cerro de la Muerte y Coto Brus, donde el 40 % de la población sufre problemas de abastecimiento.
Sin la solución necesaria, también sería imposible terminar el proyecto Orosi II, destinado a satisfacer crecientes demandas del área metropolitana. Parte del terreno necesario para instalar la planta potabilizadora está en los cerros de La Carpintera, libre de toda afectación porque hoy pertenece a particulares. En cuanto el AyA lo adquiera, será patrimonio natural del Estado con las limitaciones ya señaladas.
En la corriente legislativa hay dos proyectos de ley cuyos textos contemplan la posibilidad de explotar el recurso hídrico en zonas protegidas. La Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico, aprobada en primer debate y enviada a consulta de constitucionalidad, y una iniciativa del Ministerio de Ambiente y Energía para regular el patrimonio natural. En ambos casos, el AyA podría aprovechar los recursos hídricos si demuestra la inexistencia de fuentes alternativas y cumple los requisitos ambientales.
Las dos iniciativas podrían tropezar con dificultades, pese al avanzado estado de la Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico. En todo caso, es difícil comprender el sometimiento del AyA a requisitos especiales cada vez que adquiera un terreno para satisfacer necesidades de altísimo interés público.
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El problema del agua apremia, los mismo en Guanacaste y el sur que en Alajuelita, Vázquez de Coronado, las zonas altas de Escazú y Desamparados. Puriscal y Atenas, entre otras poblaciones, conocen el racionamiento.
La institución estatal encargada de enfrentar el reto no debe permanecer con las manos atadas. Su carácter público y los recursos técnicos del Estado deberían bastar para asegurar el aprovechamiento más racional de las fuentes disponibles.