Un grupo de diputados alajuelenses parece convencido de que el momento es idóneo para sustraer ¢106.000 millones de las finanzas públicas y dedicarlos a impulsar la “economía social solidaria” en todo el país.
Hecha la inversión inicial, la nueva burocracia contaría con, por lo menos, ¢65.000 millones anuales para salvarnos, según sus proponentes, del cierre indefinido de los mercados internacionales a los productos costarricenses, lo cual “obliga a voltear la mirada hacia nuevos procesos de producción, distribución, mercadeo y consumo local”.
Como el mundo supuestamente ya no le encuentra utilidad a los productos costarricenses, el proyecto impondría un impuesto a las zonas francas, pero la recaudación sería insuficiente para cumplir los fines de la Ley de Fomento Socioeconómico Local.
Por eso, la complementarían con el 5 % de las utilidades del Banco Popular, ya destinado a financiar pequeñas y medianas empresas.
No obstante, el proyecto no deja claro por qué el dinero sería mejor aprovechado por la nueva burocracia si el fin es el mismo.
El flamante Consejo de Desarrollo Socioeconómico Local estaría conformado por entidades poco conocidas por su éxito empresarial, como la Cámara de la Economía Social Solidaria, la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, la Confederación Costarricense de Federaciones Municipales, la Unión Nacional de Gobiernos Locales y la Promotora del Desarrollo Económico Comunal (Prodeco), a las cuales se sumarían el Consejo Nacional de Cooperativas y la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas.
Es difícil pensar que semejante disparate se convierta en ley, sobre todo en plena crisis fiscal y a pocos días de la reforma municipal citada por Standard & Poor’s entre las razones de la rebaja de la calificación de la deuda costarricense.
Es impensable creer en las posibilidades de éxito de un proyecto financiado a costa de las zonas francas, ahora que una larga lista de países se disputan la inversión de las transnacionales.
Apenas es imaginable una mayoría legislativa dispuesta a creer en la sustitución de siquiera una fracción del comercio internacional por empresas locales de la “economía social solidaria”.
Dicho lo anterior, tampoco es prudente bajar la guardia. El proyecto, obra del diputado liberacionista Daniel Ulate, avanza en la Comisión Especial para la Provincia de Alajuela aunque su pretensión es de alcance nacional.
En una comisión así, presidida por el propio Ulate, las posibilidades de un dictamen afirmativo no son pocas. Un mal paso en el plenario es todo menos imposible.
Después de todo, es el mismo Congreso donde se le dieron los debates necesarios a la reforma constitucional para trasladar un 10 % del presupuesto nacional a las municipalidades sin advertir que, una vez satisfechos los compromisos ineludibles, el gobierno opera con la quinta parte de los recursos presupuestados y el traslado del 10 % implica prescindir de la mitad.
La norma constitucional no se cumple porque exigiría el cierre de media administración central, pero ahí está como monumento a la irresponsabilidad legislativa.
La iniciativa demuestra una grave incomprensión de la economía nacional, su vocación exportadora, la naturaleza de la crisis internacional, el problema fiscal y una larga lista de realidades que ningún diputado debería ignorar, pero también demuestra un alto grado de desconocimiento de la historia.
Costa Rica sabe adónde van a parar los fondos destinados, como se dice en este caso, a “fomentar la reactivación y el desarrollo socioeconómico local del país desde la base productiva, para generar nuevas fuentes de ingresos y empleos a nivel (sic) territorial”.
Ya pasamos por ahí, una y otra vez, de la mano de la demagogia y el deseo de los políticos de labrarse nichos desde donde perpetuar su poder, no importa a qué escala. Es preciso estar alertas.