Una maniobra contable, ejecutada a vista y paciencia de la autoridad reguladora y varios gobiernos, permite al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) extraer de los bolsillos de los abonados unos ¢60.000 millones al año. Ese es el costo de los arrendamientos operativos establecidos por los fideicomisos creados para desarrollar proyectos eléctricos como el térmico Garabito (Puntarenas), el geotérmico Las Pailas (Guanacaste) y la planta hidroeléctrica Toro III, en San Carlos.
Si en lugar de arrendamientos operativos habláramos de fideicomisos financieros, como exigen las normas internacionales de información financiera (NIIF), las tarifas solo se verían impactadas por la depreciación y el pago de intereses del fideicomiso y no por los gastos de operación de las plantas, como en la actualidad.
Las NIIF existen precisamente para uniformar las normas contables en todo el mundo e impedir interpretaciones caprichosas, capaces de generar consecuencias, como la comentada, en un país donde el costo de la electricidad figura entre los factores decisivos de la urgente reactivación económica. Un país donde además la crisis económica, agravada por la pandemia, golpea a miles de hogares necesitados de todo el ahorro posible.
El ICE dice ofrecer servicio al costo, pero es menos explícito cuando se le pregunta por los componentes de ese costo. La institución se ha resistido a adoptar las reglas NIIF. No podrá evitarlo, pero lo ha pospuesto tanto como le ha sido posible. El uso de tácticas similares sirvió para demorar la Internet de banda ancha, la apertura de las telecomunicaciones y hasta el ordenamiento del espectro.
Rodrigo Chaves, exministro de Hacienda, critica la tardanza en adoptar las NIIF y vaticina la prolongación de la maniobra “hasta que los obliguen”. Acto seguido, pregunta qué harán el Congreso y el gobierno. El cuestionamiento merece respuesta y las instituciones más empeñadas en lograr el cambio deben plantearla hasta la saciedad, en especial la Cámara de Industrias, cuyos esfuerzos han sido constantes.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) está haciendo lo propio con su tajante exigencia de números en conformidad con las NIIF para pronunciarse sobre un ajuste tarifario. El plazo para la presentación de los informes vence el 30 de este mes.
Chaves califica la situación de “indignante”. No es para menos, y el sentimiento crece debido al contraste entre la maniobra contable y las necesidades del aparato productivo y los ciudadanos. Es difícil imaginar un momento más oportuno para ajustar la contabilidad a la realidad. Mario Redondo, alcalde de Cartago, alzó la voz cuando constató el impacto, en plena pandemia, de la factura energética sobre el desempleo en su cantón. Según el criterio del exdiputado y alcalde, las facturas podrían abaratarse en una quinta parte.
La preocupación por el costo de la electricidad es una constante, también, entre los promotores de la inversión extranjera. La pandemia intensificará la competencia internacional por los capitales e industrias. Costa Rica no puede mantener ninguna desventaja competitiva y las tarifas eléctricas son una de ellas.
El ICE, es justo reconocerlo y celebrarlo, ha conseguido reducir sus gastos de operación en ¢116.000 millones. Parte del ahorro se debe a la reducción de las compras de hidrocarburos para generación térmica y a menos importación de energía, pero también cayeron los gastos en arrendamientos, compras de bienes duraderos, materiales y suministros, y pago de servicios. A esos méritos es preciso sumar la adopción sin reservas de las NIIF.