Desde el 2013, la auditoría general del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) viene sometiendo a las autoridades pertinentes relaciones de hechos donde figura la mayoría de los funcionarios mencionados en el caso Cochinilla, dijo ante una comisión legislativa el auditor Reynaldo Vargas Soto.
Los reiterados informes poco lograron, más allá de alguna sanción administrativa, porque la protección concedida por ley al funcionario prácticamente lo hace inamovible. Las razones históricas de esas disposiciones son evidentes y en buena medida subsisten. Los vaivenes políticos no deben privar al Estado de la experiencia, el conocimiento acumulado y la memoria institucional de los funcionarios con años de servicio. Los empleados del Estado tampoco deben estar sujetos al capricho de los gobernantes de turno.
Pero un sistema incapaz de purgar a los señalados por graves anomalías es igualmente lesivo para el interés público. Según Vargas, las sucesivas administraciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) sabían de las irregularidades de varios funcionarios desde el 2013, pero estos siguieron en sus cargos, incluso hasta la jubilación.
«Los procesos tienen que ser más rápidos… Siempre hacemos las advertencias para que se tengan presentes las prescripciones, pero muchas de esas relaciones de hechos, por lo menos dos donde se han abierto los procedimientos, se han caído por prescripciones o por inacción de las administraciones», afirmó el auditor.
No obstante, la lentitud del procedimiento no es la única razón de la ineficacia de los informes de auditoría. Las disposiciones de fondo se unen a las procedimentales para dificultar, en extremo, el cese de un funcionario. A Johnny Barth Ramírez, exgerente de Contratación de Vías y Puentes, se le imputa haber gestionado pagos irregulares para la empresa H. Solís, pero hace años había sido despedido. El Tribunal Contencioso-Administrativo lo reinstaló en el cargo y se mantuvo en él hasta el 2019, cuando se pensionó.
El ahora exgerente de Adquisiciones y Finanzas Carlos Solís Murillo también aparece mencionado en informes de auditoría desde hace muchos años. Solís ya está pensionado, pero, según el expediente del caso Cochinilla, estando en el cargo pudo servir de vínculo con las constructoras para agilizar el pago de facturas, facilitar información y otras anomalías.
El testimonio del auditor Vargas conduce a cuestionar si el equilibrio entre la estabilidad en el cargo y la protección del interés público está bien logrado en nuestra legislación. Los resultados prácticos apuntan a una eficaz protección del funcionario frente a la arbitrariedad del poder, pero a una escasa protección de la sociedad frente a los abusos del funcionario.
La deficiencia no solo se manifiesta en grandes casos de corrupción. Aflora con más frecuencia en incidentes de menor repercusión económica y en otros, extremadamente delicados por los valores en juego. Despedir a un policía o un maestro es extremadamente difícil, no obstante los riesgos de mantener en el cargo a un oficial cuestionado o a un docente sospechoso de abusos.
La burocracia ha encontrado formas de aislar a los funcionarios involucrados en irregularidades para impedir reincidencias. Maestros y policías son trasladados a cargos de oficina, donde no tengan contacto con el público, o pasan largos períodos de suspensión con goce de salario sin importar el cúmulo de pruebas en su contra.
Nuestro sistema descansa sobre la presunción de inocencia. Ese principio no debe ser vulnerado, especialmente en lo penal, pero es necesario abrir espacio a la lógica y la prudencia en la Administración Pública. Quizá los diputados, luego de escuchar el testimonio del auditor Vargas, estén dispuestos a considerar una reforma para restaurar el equilibrio necesario.