Una vez más más, una minoría de los participantes proyectó una sombra de radicalismo y violencia sobre la marcha convocada para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Es un grupúsculo, pero consiguió restar atención, en alguna medida, a las justas reivindicaciones que animan la manifestación. También ofrecen argumentos a quienes pretenden ignorar la verdadera agenda del acontecimiento anual y atribuirlo a excesos irracionales.
Nadie debe caer en la trampa. Es preciso marchar una y mil veces para exigir la equidad de género y apoyar las políticas requeridas para nivelar un terreno sembrado de injusticia a lo largo de la historia. Desterrar el machismo y la discriminación es una tarea cada vez más urgente, tanto para corregir la injusticia como para incorporar el talento de las mujeres al desarrollo.
Una familia completa, madre, padre y dos hijos, una niña y un niño, demostraron en sus declaraciones absoluta claridad sobre los motivos para marchar: salieron a defender los derechos de las mujeres, incluido el derecho a la educación, a salir tranquilas y a trabajar en igualdad de condiciones, entre otros.
Enfatizar la urgencia del cambio, visibilizar la agenda pendiente y expresar justos reclamos son objetivos alcanzados año con año por la marcha. Por eso es preciso denunciar y repudiar el comportamiento ilícito y violento de los grupúsculos empeñados en secuestrar la actividad para sus propios fines.
Concluida la marcha, un equipo periodístico del Diario Extra observó a un grupo de jóvenes rayando las paredes del Museo Nacional con vulgaridades dedicadas al presidente Rodrigo Chaves. Como es su obligación y como seguramente lo había hecho a lo largo de la marcha, el fotógrafo comenzó a documentar el suceso, pero las autoras del vandalismo se precipitaron sobre él e intentaron arrebatarle la cámara.
El periodista gráfico protegió su equipo y, con él, su derecho a informar al país sobre hechos de interés público ocurridos en un espacio totalmente abierto, donde nadie puede tener pretensiones de privacidad. Esa información era, precisamente, el blanco de las agresoras, como queda claro por su exigencia de borrar las imágenes so pena de “despedazarle la cámara”.
Haciendo gala de ignorancia, así como de cobardía, alegaron no haber dado su consentimiento para ser fotografiadas, como si no estuvieran en la vía pública. Esa circunstancia habría bastado, pero además estaban cometiendo vandalismo contra un edificio estatal. Es como si un carterista, sorprendido, se quejara de no haber dado permiso para registrar su imagen en una cámara de seguridad.
Entonces, agredieron al fotógrafo, rociándolo con pintura. Cuando alzó las manos para protegerse, el informador dejó caer parte del equipo y las atacantes se apropiaron de él. Entonces, el otro integrante del equipo periodístico comenzó a grabar con su teléfono celular, pero la autora del grafiti lo roció con gas pimienta. Igual suerte corrió el fotógrafo.
El ataque lo perpetraron cinco mujeres, pero desviaron la atención de los auténticos objetivos de la marcha, incluido el fin táctico de lograr la mayor difusión posible para las reivindicaciones exigidas. La agresión contra la prensa solo podría conseguir lo contrario, así como el ataque contra un diputado sucedido en una marcha anterior difícilmente ganaría aliados para la causa. La pretensión de no dejar rastro de sus actos demuestra plena conciencia del vergonzante vandalismo y la inmadurez del compromiso con los fines de la marcha, cuyos organizadores deben manifestar inequívoco repudio si no quieren que el radicalismo y la insensatez manchen la actividad en años venideros.