Una oportuna iniciativa del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) produjo un mapa de los sitios donde las mujeres corren más riesgo de sufrir violencia. Son 28 cantones, la mayoría en las provincias de Puntarenas y Guanacaste. El estudio también señala algunas comunidades del Caribe, dos de la Gran Área Metropolitana y otras de la zona norte.
Las conclusiones derivan de estadísticas policiales sobre robos a víctimas femeninas, violencia doméstica, violaciones, embarazo adolescente y feminicidios. Entre los 28 cantones más peligrosos para las mujeres también se puede hacer un ranquin y separar el tipo de agresión para saber dónde, por ejemplo, se manifiestan con mayor frecuencia la violencia doméstica o las relaciones impropias.
Estas estadísticas deben servir para orientar la política pública. La respuesta del Estado costarricense a los problemas sociales no siempre se deja orientar por los datos. A lo largo de la administración Alvarado, la recopilación y el análisis de información con esos fines sufrió el desprestigio del caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), pero ningún Estado moderno se niega la oportunidad de integrar la estadística al diseño de sus políticas.
Las mujeres son víctimas de violencia en todos los rincones del país y en ninguno de ellos es aceptable. Las agresiones también ocurren en la totalidad de los estratos sociales y en lugares sorprendentes, como las universidades. Pero es útil saber que el problema es más agudo en Los Chiles, frontera con Nicaragua, en Garabito, el Pacífico central y en Talamanca de Limón.
En orden de gravedad siguen Matina, Siquirres, La Cruz, Corredores, Abangares, Liberia, Nicoya, Osa, Bagaces, Buenos Aires, Golfito, Quepos, Limón, Santa Cruz, Belén, San José, Parrita, Turrialba, Puntarenas, Coto Brus, Sarapiquí, Río Cuarto, Carrillo, San Carlos y Tilarán.
Es en esos cantones y en ese orden donde las instituciones llamadas a ofrecer una respuesta integral deben concentrar sus esfuerzos. El problema no es exclusivamente policial. La Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia, los Ministerios de Educación y de Salud y el propio Instituto Nacional de las Mujeres, junto con otras entidades, deben aprovechar la estadística para organizar esfuerzos conjuntos.
Esa es la aspiración de Marschall Murillo, especialista en estadística del Mideplán. El propósito, dijo, es analizar la violencia de forma “más científica” y planificar la respuesta del Estado con mayor precisión, según la realidad de cada territorio. La posibilidad de separar los datos para identificar las debilidades específicas de cada zona aumenta la precisión citada por el experto.
En la provincia de Puntarenas, por ejemplo, están cuatro de los diez cantones con mayor incidencia de violencia doméstica y en Talamanca las agresiones sexuales sobrepasan la estadística de otras regiones, tanto como los partos de madres adolescentes, que son casi el doble del promedio nacional. Estos datos indican con toda claridad el tipo de atención requerida en esas zonas.
El índice se utilizará para definir las prioridades y acciones de la Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres 2017-2032. Las estadísticas también deben servir para medir el avance y hacer los ajustes aconsejados por los propios datos. El país necesita profundizar en el cambio cultural para desterrar la violencia, propiciar la incorporación de las mujeres al mercado laboral y redefinir los papeles sobre los cuales descansan la discriminación y el abuso. Estos objetivos de orden general y permanente deben complementarse con la intervención oportuna en los lugares más necesitados.