La policía cree que las bombas decomisadas a un miembro de la banda vinculada con estallidos en la Asamblea Legislativa y Teletica iban a ser utilizadas para causar una tragedia en las celebraciones del 15 de Setiembre, en el Parque Nacional. El decomiso sucedió en la víspera de la festividad patriótica.
Los oficiales no han profundizado sobre las razones de su presunción en cuanto al momento y lugar. A la fecha, no sabemos si la hipótesis descansa exclusivamente en la cercanía de las fechas o si las autoridades decidieron mantener reserva sobre indicios adicionales. No hay duda, sin embargo, de la intención de hacer estragos mayores, más allá de daños materiales. Las dos bombas decomisadas estaban listas para estallar y contenían metralla capaz de alcanzar víctimas a 300 metros del lugar de la explosión.
La metralla, detalló Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), incluye clavos, tornillos, balines y otros materiales capaces de causar cortaduras y muertes. La intención de producir daños personales queda clara por el contenido de las bombas y, también, por las circunstancias del decomiso, en un autobús procedente de la zona sur. Quien viaja en un vehículo de servicio público con dos explosivos con poder para hacer tanto daño valora poco la vida. Según el OIJ, los dispositivos estaban activados y tenían un temporizador.
Los aparatos son idénticos al detonado frente a las instalaciones de la televisora, con la salvedad de la metralla. El ataque contra las instalaciones de Teletica pudo ser un ensayo, una advertencia o un intento de intimidar, pero, desde el primer momento, quedó clara la necesidad de tomarlo en serio. Así lo hizo la policía y, a fin de cuentas, evitó una tragedia cuyas dimensiones, afortunadamente, solo podemos imaginar.
El OIJ, el Ministerio Público, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), la Policía de Control de Drogas y la Unidad Especial de Intervención merecen reconocimiento y gratitud por la destreza y tenacidad demostradas en el curso de la investigación, captura de los terroristas y decomiso de materiales explosivos.
La banda tenía el cerebro en Quircot de San Nicolás de Cartago. El almacenamiento de componentes y la fabricación de bombas se llevaban a cabo en diversos puntos del país. Por eso, los allanamientos se ejecutaron también en Concepción de Alajuelita, Miravalles de San Isidro del General, Ipís de Goicoechea, Palmar Norte y Río Claro de Guaycará, en Golfito.
La investigación fue rápida y, a juzgar por los resultados, muy oportuna. Si la falta de víctimas en los atentados contra Teletica y la Asamblea Legislativa hubiera restado importancia al caso a ojos de la policía, quizá estaríamos lamentando una grave tragedia nacional. Las jefaturas policiales no cayeron en esa trampa, pero la lección debe quedar aprendida: ninguna manifestación del terrorismo es irrelevante, todas ameritan una reacción tan decidida como la de este caso.
En las redes sociales y otros comentarios, no faltan los aficionados a las teorías de la conspiración, prestos a trivializar estos hechos, atribuyéndolos a deseos de notoriedad de las víctimas y otras razones absurdas. Los mismos tontos útiles guardan silencio ante la demostración del peligro lograda por los investigadores.
La amenaza del terrorismo es de tantos alcances que la policía debe investigar todos los acontecimientos similares con absoluta seriedad. Si alguna vez las indagaciones confirmaran un fraude, también hay castigo para quienes causan alarma sin fundamento o desvían la valiosa atención de los investigadores.