Una biografía próxima a salir sobre el contradictorio multimillonario Elon Musk, de la que publicó el jueves un extracto el diario estadounidense The Washington Post, da nuevo ímpetu a una justificada y creciente inquietud. Se trata del poder que pueden adquirir, o que ya han adquirido, los titanes de las corporaciones que han desarrollado enormes avances y concentrado sustancial control en ámbitos tan diversos como las redes sociales, las comunicaciones satelitales, la inteligencia artificial y la robótica.
Sus aportes al desarrollo y aplicación de estas tecnologías de punta demuestra la capacidad humana para romper límites, acelerar el progreso y buscar soluciones a retos que parecían irresolubles, algo que debemos celebrar. Sin embargo, el uso distorsionado y sin límites del poder que emana de estos avances, la tendencia de muchas empresas a poner las consideraciones tecnológicas y el afán desmedido de lucro por encima de variables éticas, sociales y políticas, así como la autosuficiencia o egocentrismo desbordados de algunos de sus “titanes” se han llegado a constituir también en una fuente de posibles amenazas. Una de ellas es la tentación a incursionar en ámbitos que corresponden a los Estados, como la política exterior o las estrategias militares.
Tal es el caso de Elon Musk y su empresa Starlink, una inmensa red satelital de órbita baja que permite conexiones a internet de alta velocidad desde terminales portátiles. Pocos días después de la invasión rusa a Ucrania, el 24 de febrero del pasado año, Musk puso a disposición de los agredidos el uso sin costo de su red, y países aliados financiaron decenas de miles de las terminales necesarias para su puesta en funcionamiento.
La red les otorgó una enorme ventaja en el campo de batalla, algo reconocido y agradecido por las autoridades ucranianas. A la vez, permitió a Musk desarrollar una influencia estratégica poco común y alejada del control público. En setiembre del pasado año, revela la biografía, decidió utilizarla, y prohibió el uso de Starlink para guiar un ataque con drones contra la base marítima rusa en Sebastopol, Crimea, la más importante del mar Negro. Frustró así lo que pudo haber sido una exitosa operación de Ucrania y un golpe certero contra los invasores.
Su justificación es que, según le comunicó el embajador ruso en Estados Unidos, un ataque de tal índole podría conducir a “una respuesta nuclear”, algo que abre otro elemento de inquietud: si Musk informó previamente al diplomático, lo que implicaría una grave infidencia.
Pocas semanas después, decidió hacer público un “plan de paz” de cuatro puntos, en general, afines a las pretensiones de Moscú. Aunque pronto cayó en el olvido, una jugada geopolítica de tal índole e irresponsabilidad significa ir mucho más allá de su decisión puntual sobre la red satelital.
Sin duda, en el balance, Musk ha sido un aliado clave para Ucrania y su integridad territorial. Sin embargo, esto no basta para atemperar la preocupación por el uso de su poder en ámbitos que no corresponden al representante de una empresa, por muy importante que esta sea.
Su caso no es único. Es de sobra sabido, por ejemplo, el poder de las redes sociales para incidir en los contenidos de la discusión pública, obtener información de sus usuarios sin autorización explícita y facilitarla a terceros para usos comerciales o políticos. Incluso, Facebook pretendió convertirse en emisor de monedas, mediante tecnología de blockchain, aunque por dificultades prácticas y reacciones adversas abandonó su plan.
La inteligencia artificial, por su parte, plantea una serie de desafíos, e incluso amenazas, lo cual hizo que en junio un grupo de 250 investigadores, ingenieros y ejecutivos vinculados con su desarrollo alertaran sobre sus consecuencias potenciales. “Mitigar el riesgo de extinción de la IA debería ser una prioridad mundial junto con otros riesgos a escala social, como las pandemias y la guerra nuclear”, dijeron en un mensaje público.
Afrontar tales desafíos es una tarea urgente, sea para evitar interferencias en funciones estatales, manipulación de usuarios o impulsar avances tecnológicos sin medir su posible impacto humano. Algunas compañías han emitido normas para orientar su actuar. Son bienvenidas, pero también escasas y a menudo se ven más como iniciativas de relaciones públicas que como un compromiso real.
Lo más oportuno es avanzar, con rapidez y solidez, hacia una regulación democrática, emanada de órganos de representación legítima y aplicada en el marco del Estado de derecho. Es lo que ha estado haciendo la Unión Europea. Los efectos de su legislación en la materia, de muy reciente vigencia, no se pueden valorar plenamente, y tampoco abarcan todos los retos. Sin embargo, establecen un punto de partida e inspiración de pionero respetuoso de las libertades públicas. Es lo más cercano hasta ahora a una buena ruta.