Los escáneres instalados en la terminal de contenedores de Moín (TCM) son necesarios. Ojalá la tecnología de detección de contrabando se extienda a otros puntos de ingreso y salida del país, pero ya quedó ampliamente demostrada la falibilidad de los aparatos y la necesidad de verlos como un instrumento entre varios para combatir el narcotráfico. Si el Poder Ejecutivo los hubiera presentado así, y no como la barrera infranqueable por donde no pasaría un solo gramo de droga, se habría ahorrado muchos sinsabores.
Desde la instalación de los aparatos en Moín, no ha pasado un mes sin un decomiso de cocaína en los puertos de destino. Es imposible saber cuánta droga pasó por los escáneres de APM Terminals y burló, también, los controles aplicados en el extranjero, pero es razonable suponer el tránsito sin novedad de algunos envíos.
Presionado por la incontenible ola de homicidios, en su mayoría vinculados con el narcotráfico, el gobierno decidió dar un golpe de efecto e insistió ante la concesionaria del puerto para instalar los escáneres. Además, anunció la sustitución de los encargados de seguridad por la Fuerza Pública para garantizar el control sobre la totalidad de los predios.
Cuando todo estuvo listo, citó a la inauguración de los escáneres y dio al paquete de iniciativas el desmedido título de “operación soberanía”, como si bastaran para recuperar el control de todo el territorio donde despliega su actividad el crimen organizado. En el acto, el presidente Rodrigo Chaves formuló la promesa, quizá frecuentemente lamentada, de que por allí no pasaría un gramo más de droga.
Como era de esperar, pronto pasaron cientos de kilos, y siguen pasando, como lo demuestran los 79 kilos decomisados en el puerto de Haifa, Israel, el 16 de octubre, y los 218 kilos confiscados en el puerto de Le Havre, Francia, el 28 del mes pasado. El Ministerio de Seguridad Pública respondió a los primeros casos atribuyéndolos a los sabotajes perpetrados contra los equipos. La explicación suponía el fracaso de la otra parte de la Operación Soberanía, consistente en el estrecho control de los predios portuarios por la Fuerza Pública, pero ese aspecto quedó en segundo plano. Pasados los meses, no hay explicación para los decomisos más recientes. ¿Siguen los aparatos averiados? ¿Hubo nuevos sabotajes pese a la vigilancia del Ministerio de Seguridad?
El tiempo pone de relieve el error del Ejecutivo. El fenómeno de la criminalidad no se combate con golpes de efecto. No es un problema de comunicación, sino de política pública. Los escáneres instalados en Moín nunca fueron la respuesta a los desafíos del narcotráfico. Por sí solos, son incapaces de impedir el contrabando por el puerto, para no hablar de las toneladas traficadas por el resto del territorio nacional, lejos de la terminal de contenedores de Moín.
Los narcotraficantes no descansan en la búsqueda de métodos para burlar la tecnología. Han comenzado a empacar la droga en bolsas más pequeñas y difíciles de detectar por los escáneres. La cocaína líquida, como la trasegada por una banda desarticulada este mes por el Organismo de Investigación Judicial, también es difícil de detectar. Miembros de esa organización urdieron un plan para administrar los predios donde los furgones esperarían la revisión de los escáneres, con lo cual se habrían situado en la antesala de la operación de embarque.
La lucha contra esas estrategias exige labores de inteligencia para las cuales es indispensable contar con cuerpos policiales bien entrenados y equipados, como la Policía de Control de Drogas (PCD), cuya presencia en aeropuertos, puertos y fronteras inexplicablemente disminuyó. La instalación de escáneres no puede ser la política antidrogas del país ni de ellos puede depender la recuperación de la soberanía perdida ante el embate del crimen organizado internacional.