Puestos a escoger, el domingo, a los alcaldes de 82 cantones, optamos por reelegir a 50. En muchísimos casos, el espaldarazo no encuentra explicación más allá de las ventajas consustanciales al ejercicio del cargo. Basta con asegurar el apoyo de un reducido número de votantes para permanecer al frente del gobierno local, sobre todo en los cantones menos poblados.
Cuanto mayor sea el abstencionismo y menor la población, más grande es el impacto de las prácticas clientelistas. A lo largo de cuatro años, es perfectamente posible tocar, desde el poder, a un número suficiente de ciudadanos para garantizar el respaldo de los 5.000 electores, o menos, necesarios para ser elegido en la mayoría de los cantones.
La atomización política de nuestros tiempos también conspira con la escasa población y el alto abstencionismo para facilitar la reelección. En un cantón limonense con 30.228 electores, 11 partidos se disputaron 10.400 votos válidos, emitidos por el 36 % de los ciudadanos, para declarar vencedor a quien obtuvo 2.840 sufragios, con ventaja de 400 sobre su inmediato seguidor.
Son números demasiado pequeños para prevenir una desmesurada influencia de quien detentó el poder durante los cuatro años precedentes. Nada de lo dicho impide señalar que los alcaldes de cantones más poblados también compiten con ventaja, pero el peso de ser candidato en ejercicio del cargo se magnifica con menos población, más abstencionismo y muchas candidaturas.
Así, se explica el altísimo porcentaje de éxito de los aspirantes a la reelección, aunque la calificación promedio otorgada por la Contraloría General de la República a la gestión municipal ronda el 65 %. Ese promedio, por supuesto, implica la existencia de un importante número de concejos deficientes.
Aparte de fomentar el clientelismo e impedir una saludable renovación del gobierno local, la reelección indefinida de los alcaldes probablemente incide sobre la participación en los comicios. La desmedida ventaja de los candidatos en ejercicio del poder, probada por la reelección de 50 de los 64 que intentaron permanecer en el cargo, no conduce a reducir el abstencionismo y la apatía.
La necesidad de reformar la ley para establecer límites al ejercicio del cargo es obvia. El tema ha venido siendo objeto de debate, sobre todo en vísperas de los comicios. Ya hay proyectos en la corriente legislativa, pero el entusiasmo se disipa con el paso del tiempo, según las últimas elecciones van reduciéndose de tamaño en el retrovisor. El interés renace cuando se acercan las siguientes elecciones, pero en ese momento ya suele ser tarde.
La misión de expertos electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó, por segunda vez, imponer límites a la reelección. Los observadores internacionales reconocen la conveniencia de dar continuidad a las buenas políticas públicas, pero subrayan la importancia para la vida democrática de la alternancia en el poder.
La Procuraduría General de la República, en su opinión jurídica 140-2019, no encontró obstáculo para imponer la limitación y la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos ha sostenido, de manera reiterada, que la elección a cargos públicos es un asunto de orden interno de los Estados y puede ser regulada.
La urgencia del cambio se acaba de hacer evidente. No debe ser pospuesto porque la nueva ley no podrá ser aplicada retroactivamente, y si se optara por permitir una sola reelección, los 50 alcaldes reelectos el domingo tienen por delante la posibilidad de otros dos periodos, aparte del que recién comienzan. Doce años son demasiada espera para insuflar vitalidad a las desteñidas elecciones municipales.