Ocho planteles del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) y otros cuatro de la Policía de Tránsito destinados a custodiar los vehículos decomisados ya excedieron su capacidad en un 50 %. En los predios hay más de 58.000 vehículos y la única solución, por el momento, es aplicar los decomisos únicamente en casos extremos.
Solo son detenidos los vehículos sin placas, con placas falsas, carentes de documentación, peligrosos por su condición mecánica o por el estado del conductor. En otros casos sancionados por ley con la misma medida, la Policía de Tránsito se limita a retirar las placas con la esperanza de evitar la circulación del vehículo. Los propios oficiales reconocen la insuficiencia de esta práctica, porque el “gemeleo” de placas es común.
En consecuencia, el retiro de vehículos de la circulación viene en descenso en los últimos años. En el 2018, hubo 48.721 multas con decomiso del vehículo incluido. En el 2022, apenas se dieron 27.708, no obstante el aumento del parque vehicular. Si los primeros tres meses de este año son un indicador certero, el número será todavía menor, porque a la fecha hay 6.278 decomisos.
Los policías de tránsito, por otra parte, rondan los 700 para vigilar todo el país. Como es natural, se incapacitan, gozan de vacaciones y tienen días de descanso semanal. Además, trabajan tres turnos, son convocados a los tribunales, cumplen tareas administrativas y escoltan a autoridades y dignatarios. La atención de accidentes —grandes y pequeños— consume buena parte de su tiempo. A fin de cuentas, las calles y carreteras carecen de vigilancia.
La suma de los dos factores y otras deficiencias de la Policía de Tránsito explican el fracaso de la ley aprobada en el 2012 para poner orden en las carreteras y frenar las enormes pérdidas humanas y materiales. Desde entonces, los accidentes aumentan sin pausa pese a los fuertes castigos previstos en la ley.
El trámite legislativo fue dificilísimo y una cadena de sentencias de la Sala Constitucional obligó a enmendar la normativa una y otra vez. Conscientes de la tragedia en las carreteras y confiados en el poder disuasorio de las penas draconianas, a los legisladores se les pasaba la mano y los magistrados exigían respeto para la proporcionalidad y razonabilidad de los castigos. Ningún hecho podría ser más revelador de la exasperación con respecto a las conductas ilícitas causantes de la inseguridad vial.
La ley surtió efectos en los meses posteriores a su aprobación, pero pronto los conductores cayeron en la cuenta de que las limitaciones materiales la dejaron en letra muerta. El fenómeno ha sido explicado hasta la saciedad por los criminólogos. La severidad del castigo importa menos que la probabilidad de ser castigado. A falta de vigilancia y sin posibilidad de aplicar la sanción más práctica por insuficiencia de espacio en los patios de detención, el poder disuasorio de la ley disminuye.
La saturación de los predios tiene arreglo, pero no será expedito. El Cosevi planea convertir 55.000 vehículos en chatarra y ya contrató una empresa para encargarse de la tarea, pero un criterio del Registro Nacional impide cancelar la inscripción y, sin eso, no pueden ser destruidos. El chiste burocrático culmina con la explicación del impedimento: muchos vehículos aparecen con anotaciones por impago del derecho de circulación y deben ser liberados del gravamen antes de disponer de ellos.
Las autoridades creen posible ejecutar el plan en un par de años, pero el fortalecimiento de la Policía de Tránsito no tiene fecha, aunque el secretario general del sindicato, Joselito Ureña, no pierde oportunidad para recordarnos que son capaces de autofinanciarse si se les permite hacer su trabajo.