La Asamblea Legislativa se pronunció con contundencia: 39 diputados, uno más de los necesarios para la mayoría calificada, aprobaron la Ley Marco de Empleo Público, reforma trascendental para el Estado y las finanzas nacionales. Así, vaciaron de sentido toda discusión sobre el número de votos requeridos para aprobar la norma.
La duda permaneció más allá de los pronunciamientos de la Sala Constitucional sobre las consultas de varios diputados y la Corte Plena. Preocupados por la posibilidad de que fueran necesarios 38 votos e inseguros de superar tan alta barrera, un grupo de legisladores preguntó directamente a la Sala Constitucional, pero no recibió respuesta. Los legisladores querían saber si la mitad más uno de los presentes bastaba o, por el contrario, hacía falta reunir 38 votos. La Sala declaró la consulta inevacuable porque no planteaba “verdaderas dudas de constitucionalidad en cuanto a alguna disposición del proyecto de ley, o bien, con el trámite parlamentario”.
Era una consulta sobre el procedimiento a seguir en el futuro para aprobar la ley en segundo debate y, sobre eso, los magistrados se abstuvieron de emitir criterio para dejar el asunto en manos del Congreso. La duda subsistió y los diputados se empeñaron en no correr ningún riesgo. En consecuencia, trabajaron para llegar a la votación con por lo menos 38 votos asegurados.
La ley probablemente habría logrado algunos votos más entre los cinco diputados ausentes del plenario cuando se produjo la votación, pero 39 a 13 es un resultado holgado, muy por encima de lo necesario para vencer las objeciones. Es un fiel reflejo de la amplia mayoría de ciudadanos a favor de la reforma. Según la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, publicada el primero de setiembre pasado, el 75% de los costarricenses, también tres cuartas partes, apoyaba la aprobación de la ley.
La duda sobre el requisito de 38 votos nació, fundamentalmente, de las objeciones de la Corte Plena al proyecto por la supuesta afectación de la independencia y organización del Poder Judicial. Para apartarse del criterio de la Corte, cuando se trate de normas que la afecten de esa manera, son necesarios como mínimo 38 votos.
La Sala Constitucional evacuó una primera consulta con observaciones rápidamente acogidas por la Comisión de Asuntos de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa, y esas enmiendas fueron juzgadas como suficientes para salvaguardar la independencia del Poder judicial cuando se evacuó la segunda consulta, pero subsistió la duda sobre la cantidad de votos requeridos para dar la ley por aprobada en segundo debate.
En realidad, todavía hoy no sabemos con absoluta certeza si la mayoría simple habría sido suficiente, aunque existen buenas razones para creerlo. No obstante, ya no importa. Los 39 votos disipan toda duda y dejan considerables enseñanzas sobre el límite a los excesos, privilegios y desequilibrios creados por grupos de interés, sean públicos o privados. Hay una gota capaz de rebosar el vaso y existen, también, linderos objetivos en las finanzas públicas.
El mérito de los diputados es grande, pero sería injusto dejar de aplaudir el esfuerzo del gobierno del presidente Carlos Alvarado, en especial del mandatario mismo y de su ministra de Planificación, Pilar Garrido. Demostraron extraordinaria valentía para cumplir la promesa expresada en el 2018, cuando se aprobó la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Habría, dijeron entonces, una reforma para racionalizar las relaciones del Estado con sus funcionarios. Si no cumplieron antes, se debe a la cantidad de piedras puestas en su camino. Persistieron y lo lograron. El país y también el empleo público serán mejores por eso.