La llegada al país de la pandemia de la covid-19 cambió abruptamente la forma de conducir los asuntos cotidianos. Hubo que cerrar escuelas y sitios públicos, aislar a quienes presentaran síntomas o tuvieran contacto con infectados y aceptar el cierre de una gran cantidad de actividades y negocios. La prioridad del gobierno es evitar la propagación del mal. Con el cierre de fronteras, las restricciones internas y la coordinación con gobiernos de otros países hay esperanzas de aplacar el mal hasta la eventual producción y aplicación de una vacuna. En esto el gobierno ha actuado diligentemente.
Pero las consecuencias económicas de la pandemia serán enormes. Un solo mes de cesación de la actividad económica acarrea pérdidas difíciles de asimilar por muchas empresas y personas. Una encuesta realizada no hace mucho tiempo en Estados Unidos registró que una alta proporción de los entrevistados no tenían capacidad para asimilar una erogación extraordinaria superior a $500. Seguramente, hay muchos costarricenses en situación comparable o peor y un mal giro de la suerte los puede sumir en crisis. Hay, además, un gran porcentaje de la población apenas encima de la línea de pobreza, listo para deslizarse hacia abajo con el menor empujón.
Algo parecido ocurre con las personas jurídicas. Una empresa dedicada a la hotelería, turismo o al servicio de restaurante podría aguantar baja actividad durante un mes siempre que no sea en temporada alta, cuando obtienen la mayor parte de sus ingresos. La pandemia de la covid-19, que obligó a cerrar fronteras, puertos y aeropuertos, tuvo como consecuencia una caída violenta en la actividad de empresas como las citadas, precisamente durante la temporada de más auge. Y eso no es posible compensarlo, aunque sea parcialmente, con turismo nacional, pues la lucha contra el coronavirus exige evitar las concentraciones de gente.
A un hotel, restaurante y empresa de transporte turístico que ve su negocio caer de esa manera por tres o cuatro meses no le queda otra opción que cerrar y despedir al personal, cuyos salarios no puede pagar. Algunas no aguantarán un mes y medio de inactividad. La pandemia amenaza con dejar desempleadas a gran cantidad de personas. Si al cierre del año anterior la tasa de desempleo superaba el 12 % de la población económicamente activa, no es improbable que pronto supere el 18 %, y al no tener el país un esquema de seguro de desempleo, el presagio es de penurias para muchos asalariados.
La reducción de la actividad económica también implica una disminución de los ingresos fiscales. Si a eso se suma el aumento de las necesidades sociales por el incremento del desempleo, es de esperar que el Estado se vea obligado a incrementar el gasto social. El déficit del Gobierno Central (y posiblemente el de otros entes públicos) tendrá que crecer por encima de las previsiones de hace seis meses. También el endeudamiento del gobierno y del sector público como un todo podría elevarse. En estas condiciones es más urgente que nunca revisar la estructura del gasto público y asignarlo según las nuevas prioridades, impuestas por las circunstancias.
Será necesario adoptar medidas paliativas, como posponer el pago de algunos tributos y estimular la renegociación de deudas con entes financieros para suavizar el costo de la crisis en el sector privado. Pero, para algunas empresas —como un hotel obligado a cerrar durante cuatro meses de temporada alta— eso podría ser insuficiente. Para minimizar el desempleo en el país, habrá que adoptar otras formas, más eficaces, de apoyo, como podrían ser los giros directos de dinero o aportes de capital a algunas empresas nacionales. Es necesario optimizar la labor del Estado costarricense ahora que sus indicadores macroeconómicos (déficit fiscal y endeudamiento) no son los mejores.
Es necesario un mayor esfuerzo interno del sector público. Hay que hacer una “repela” de medidas de racionalización de las finanzas públicas, incluida la reducción de jornadas laborales y salarios en las dependencias que satisfacen necesidades de baja prioridad. Esto no solo es equitativo, pues es señal de que el costo de la pandemia lo han de soportar todos por igual, sino que constituye una eficaz forma de ahorrar por lo menos parte de los recursos públicos necesarios para enfrentar el gasto mayor exigido por la lucha contra la pandemia.
Confiamos en que los servidores públicos, empleados de entidades como el INVU, el IFAM, el Inamu, el Ministerio de Educación y las universidades estatales, que por razones de índole sanitaria se han ido para sus casas, comprenderán por qué este proceder es el correcto.