Faltan dos meses para la entrega del viaducto de la rotonda de la Bandera, según el cronograma de la obra. El cumplimiento de ese compromiso está en duda debido al prolongado proceso de expropiación de un estacionamiento. La obra, en San Pedro de Montes de Oca, se inició en enero del 2021, con un plazo de ejecución de 15 meses, pero la evaluación practicada cuando cumplió un año indica un avance de menos del 65% a causa del terreno faltante.
El lote es parte del estacionamiento de un café y un restaurante al norte de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) no valoró la actividad comercial desarrollada en el local y solo ofreció pagar el terreno del estacionamiento, sin el cual los comercios no podrían operar.
El caso ofrece tres lecciones para el desarrollo de obra pública cuando medie la necesidad de expropiar. En primer término, las sucesivas reformas a la ley no han terminado de resolver los obstáculos planteados por trámites engorrosos, totalmente divorciados del ritmo del desarrollo y la importancia de la obra.
La suerte del viaducto ahora depende de la expropiación del estacionamiento, pero el proyecto ya había superado obstáculos similares, como el largo proceso de expropiación del restaurante Friday’s, previo pago de ¢266 millones por el derecho comercial. Esa circunstancia apunta a la segunda lección del viaducto de la Bandera: no todos los problemas tienen su origen en la ley. La gestión administrativa deficiente también retrasa los procesos.
La necesidad de considerar el valor de la actividad comercial desarrollada en los terrenos por expropiar no es una novedad y, en el caso del viaducto, ya se había presentado en relación con Friday’s. ¿Por qué no se le prestó atención en el caso de los dos comercios dependientes del estacionamiento?
La tercera lección se presenta como obvia desde hace años. Los problemas de construcción de obra pública nacen de nuestro alambicado marco legal y la gestión burocrática. A esas dificultades están sujetas las empresas nacionales y también las extranjeras. Nada se arregla con la importación de soluciones, como la supuesta presteza de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés).
El viaducto es una de las obras contratadas con ese despacho, cuya promesa inicial de celeridad y eficiencia sigue pendiente de cumplimiento, en parte porque está sujeto a muchas de las limitaciones experimentadas por todos los desarrolladores. La Unops ha estado en el centro de otras polémicas, pero este caso ilustra, una vez más, las dificultades enfrentadas por los desarrolladores de obra pública, sean quienes sean.
La obra es indispensable para descongestionar el tránsito por la Circunvalación, arteria vital de San José. Es un eslabón de la cadena constituida por otros proyectos en la misma vía, como el nuevo paso por la rotonda de las Garantías Sociales y el de Guadalupe. No es una obra menor y en ella se han invertido cuantiosos recursos. Las autoridades no abandonan la esperanza de terminarla a tiempo, pero los tropiezos en un proyecto de tanta trascendencia vierten luz sobre los contratiempos sufridos, desde siempre, por otras obras.
El MOPT prepara una nueva reforma de la Ley de Expropiaciones, cuya última enmienda rige desde febrero del 2017. El ajuste permitiría resolver en sede administrativa los trámites de terrenos donde no se afectan viviendas, industrias o derechos comerciales. Los afectados conservarían la posibilidad de reclamar una indemnización en los tribunales. Esa reforma no removerá los obstáculos enfrentados en el viaducto de la Bandera. Para lograrlo, hace falta una enmienda más profunda del derecho sustantivo y también del procesal, así como una mejor gestión administrativa.