El instituto Costarricense de Electricidad (ICE) desperdició $146 millones en la planta hidroeléctrica El Diquís. Esos ¢88.557 millones habrían servido bien al país en muchos rubros. Representan mucho más de los ¢50.000 millones tomados del Plan Pagar para llenar el faltante creado por la Asamblea Legislativa cuando redujo el impuesto sobre la propiedad de vehículos y no haría falta endeudar al país para poner en práctica el programa de Hacienda Digital.
El dinero derrochado es bastante más de la mitad de los ¢150.000 millones recortados del presupuesto nacional como resultado de un intenso pulso en el Congreso, que agrió las relaciones entre el gobierno y las fracciones de oposición. Bastaría, además, para sacar adelante futuros programas de vacunación contra el coronavirus.
El proyecto, siempre polémico, se desarrolló a lo largo de tres administraciones y hubo muchas oportunidades para reconsiderarlo. El ICE lo anunció, con bombos y platillos, como la planta hidroeléctrica más grande del Istmo, con un valor estimado en $1.850 millones. Pasada una década, el 2 de noviembre del 2018, anunció la cancelación de la obra, cuyo costo se había duplicado a $3.694 millones. La valiente decisión frenó la hemorragia de recursos públicos, pero era demasiado tarde para los ¢88.557 millones gastados.
A lo largo de los años, mientras el proyecto enfrentaba oposición de los habitantes indígenas del sur de Puntarenas, surgieron cuestionamientos sobre la necesidad de la planta de 650 megavatios (MW) y sus costos crecientes, pero siempre hubo una razón para mantenerlo vivo: primero, como carísima previsión de la demanda futura, y, después, como una especie de “gran batería” centroamericana, capaz de exportar energía a toda la región.
En el mundo, los expertos cuestionan las virtudes de los megaproyectos hidroeléctricos. Unos se inclinan por desarrollar plantas más pequeñas y cercanas a las zonas necesitadas de energía; otros fijan la vista en nuevas tecnologías. Buena parte de la oposición se debe al impacto ambiental y social de las grandes represas, pero también al desarrollo y abaratamiento de otras fuentes de energía.
No obstante las dudas y protestas, el ICE siguió adelante con el plan varado, pero vigente y costoso. Un desatino de este calibre no debe pasar sin por lo menos el intento de establecer responsabilidades, como tan a menudo sucede en Costa Rica, donde el escándalo se olvida y los señalamientos pocas veces se dan.
Por fortuna, la Contraloría General de la República llevó a cabo una investigación preliminar cuyas conclusiones exigen la apertura de un procedimiento administrativo para examinar posibles irregularidades. Cinco funcionarios del ICE, incluidos el ex presidente ejecutivo Carlos Manuel Obregón Quesada y el exgerente de Electricidad Gravin Mayorga Jiménez, figuran en el expediente.
Más allá de las responsabilidades personales que la investigación pudiera establecer, el procedimiento debe servir para repensar el papel de grandes instituciones públicas, como el ICE, y los procedimientos y medios aplicados a proyectos como El Diquís y otros con estimaciones de costos muy alejadas de la realidad o con resultados por debajo de los esperados. El ICE podría hacer ese examen por sí mismo, y bajo la actual presidencia ejecutiva ha conseguido significativos avances, entre ellos la cancelación del propio El Diquís y ahora el ambicioso plan para racionalizar costos, pero siempre es necesario estar alerta a la demostrada capacidad de autojustificación de la entidad.
Así como El Diquís, de un proyecto necesario para satisfacer la demanda futura pasó a ser una enorme batería centroamericana, el ICE ha pretendido dejar intactas sus estructuras con propuestas como la participación en el desarrollo de obra pública y la venta internacional de servicios de diseño. Entre las lecciones de El Diquís, el estar atentos a los cantos de sirena podría ser la más valiosa.