Cuando los televidentes polacos sintonizaban la emisora estatal TVP poco antes de las Pascuas, en sus pantallas solo se veía el logotipo de la estación y una estrella de Navidad. Lo mismo sucedía en el portal de la televisora en internet. Polonia viene saliendo de ocho años de un gobierno populista cuya prioridad, como manda el libreto autoritario probado en todas las latitudes, fue establecer dominio sobre los medios de comunicación, comenzando por los estatales, y configurar el poder judicial a su imagen y semejanza.
Esa es la clave dondequiera que asoman las nuevas manifestaciones de autoritarismo, sea de derecha, como en el caso polaco, o bien de izquierda, como en el vecino México. El silencio de TVP obedece al propósito del nuevo gobierno y su mayoría parlamentaria de rescatar la independencia e imparcialidad de los medios estatales, convertidos por el Partido Ley y Justicia (PiS) en brazos de su aparato propagandístico.
El primer paso en la ruta de la recuperación fue el despido de la cúpula de los medios públicos, incluidos los directores generales y consejos de supervisión de la televisora, las estaciones de radio y la agencia de noticias del Estado. El ministro de Cultura, Bartlomiej Sienkiewicz, hizo nuevos nombramientos con el respaldo de la mayoría parlamentaria del primer ministro, Donald Tusk, de impecables credenciales democráticas y expresidente del Consejo Europeo.
El triste papel de la prensa estatal durante los ochos años de gobierno del Partido Ley y Justicia no es fruto de la imaginación de los nuevos gobernantes ni una artimaña política para tomar el control. El Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación (ECPMF), financiado en buena parte por la Comisión de la Unión Europea, señaló a los medios estatales como “brazo propagandístico del gobernante PiS”. La misión de observación electoral de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) llegó a la misma conclusión, según el prestigioso diario español El País.
Los medios públicos no solo sirvieron para ensalzar en forma desmedida al gobierno, sino también para difamar a los opositores. A Tusk le acusaban, sin fundamento alguno, de ser agente alemán, haciéndose eco de las infamias de Jaroslaw Kaczynski, líder del PiS y hombre fuerte durante los últimos ocho años.
Tusk enfrenta el reto de reconstruir el Estado de derecho y devolver la civilidad al debate público polaco. Recuperar el Poder Judicial de manos de los simpatizantes del PiS nombrados para politizar la justicia como lo hicieron con los medios estatales es uno de sus mayores desafíos, junto con la reorganización de los cuerpos de seguridad.
Tusk demuestra un claro entendimiento del papel de la prensa cuando la elige como primer paso de la reforma, pero la independencia y neutralidad de los medios de comunicación estatales no debe quedar a expensas de la buena voluntad de gobernantes comprometidos con las libertades públicas y la democracia. Es preciso institucionalizar esos principios, en Polonia y en Costa Rica, mediante la adopción de salvaguardas legales como las vigentes en otros países europeos. El Reino Unido y la BBC constituyen el ejemplo más citado.
En los últimos meses, el país ha sido testigo de la importancia de reformar el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) precisamente para garantizar su independencia del gobierno de turno. La necesidad nunca se sintió con mayor fuerza porque ninguna administración había intentado llegar a los extremos evidenciados en los últimos meses. El Sinart podría ser un verdadero aporte al ambiente de medios y al debate nacional, pero no si obedece los mandatos de la Casa Presidencial.