El déficit fiscal, elevado y creciente, contribuye día tras día a elevar la deuda pública y constituye el talón de Aquiles de la economía costarricense. En buena hora, por tanto, algunos diputados han manifestado su voluntad de adoptar la vía rápida para analizar el problema y buscarle una solución.
Para avanzar, vale tener presente el documento titulado Acuerdo Nacional suscrito en el 2017 por los partidos con representación legislativa. Más recientemente, al menú se agregó un conjunto de 24 mociones presentadas a la Asamblea Legislativa por el diputado Ottón Solís y los programas de gobierno de los partidos participantes en los comicios de este año.
El problema por resolver básicamente se centra en las finanzas del Gobierno Central, que presentan un faltante equivalente a un insoportable 7 % del producto interno bruto (PIB). Es imprescindible reconocer que ese déficit es función de dos variables: ingresos y gastos. Pero ese reconocimiento, en apariencia obvio, no siempre domina el debate público. Para algunos, la solución está en actuar solo sobre lo primero; para otros, solo sobre lo segundo.
Es necesario actuar sobre uno y otro componente. Una reforma centrada en tributos no solo exige elevar inmisericordemente la carga tributaria y afectar negativamente el crecimiento económico, sino que a la postre resultará ineficaz, porque los disparadores del gasto crecen a su paso, en forma automática, y no tardarán en rebasar a los ingresos. Si, por el contrario, la propuesta es solamente actuar sobre el gasto público, despertaría la oposición de importantes sectores y grupos bien organizados. En esto todas las partes interesadas en una solución al problema deben estar dispuestas a ceder en algo.
Las deliberaciones conducentes al citado Acuerdo Nacional trataron temas relativos al ingreso y gasto público, gobernanza fiscal y reactivación económica, pero, desafortunadamente, produjeron muy pocos acuerdos. Hubo virtual consenso sobre la adopción de una “regla fiscal” para controlar los disparadores del gasto de consumo del gobierno, así como sobre la urgencia de recurrir a alianzas público-privadas para la construcción y mantenimiento de la infraestructura pública. Pero quedó mucho por convenir.
Las propuestas del diputado Ottón Solís son más concretas y, según su proponente, podrían aportar alrededor de un 2,6 % del PIB entre aumento de ingresos y control de gastos. Lo primero se lograría pasando de un impuesto de ventas a uno sobre el valor agregado (IVA) que cubra más servicios y cuya tarifa pase del 13 % al 16 %. También propone cobrar impuesto de renta a las cooperativas más grandes, como ocurre con las empresas de igual tamaño, y someter a un impuesto la repatriación de utilidades de las empresas de zonas francas. Por el lado del gasto, propone racionalizar los pluses salariales en el sector público así como fijar un techo a las anualidades y a las pensiones de los expresidentes de la República, entre otros. Pero el peso del ajuste fiscal recaería sobre los ingresos, no sobre el gasto público, aunque la explosividad de este ha deteriorado las finanzas estatales.
El ejercicio de reducción del déficit debe tener muy claros los efectos cuantitativos de las medidas propuestas, su equidad, la sencillez de las propuestas y los posibles efectos sobre la producción. Conviene adoptar medidas de positivo efecto ejemplificador, como los topes a los salarios en el sector público y a los pluses y pensiones con cargo al presupuesto nacional, pero no un esquema de devolución de ciertos impuestos a los grupos más pobres, porque resultaría demasiado caro de administrar y se presta para la corrupción, lo que reduciría el efecto de la reforma.
Es importante examinar cualquier reforma al esquema tributario de las zonas francas —por necesidad fiscal— mientras no procedan de igual manera los países competidores por la atracción de inversión extranjera directa. Un error arriesga a acentuar nuestros problemas de desempleo, en particular entre los jóvenes.
Así las cosas, la reforma fiscal urgente podría comenzar por la enunciación de una clara regla fiscal para limitar el crecimiento del déficit. También debe proponer la forma óptima de un IVA (base, exclusiones y tarifa), las medidas concretas y sostenibles para controlar los principales disparadores del gasto público —salarios, pensiones y otras transferencias con cargo al presupuesto nacional— y una estimación del efecto cuantitativo esperado.