Las empresas brasileñas inscritas en bolsa están obligadas a publicar sus balances corporativos en medios de circulación nacional. Es una política pública propia de ese país y de ningún modo indispensable para el funcionamiento de un mercado transparente. Otras naciones emplean medios más modestos para poner en manos de los inversionistas la información requerida.
Brasil acaba de decidir unirse a esos países. El presidente, Jair Bolsonaro, firmó una reforma a la Ley de Sociedades, en vigor desde 1976, para exigir la publicación de resultados únicamente en sitios digitales oficiales, como el de la Bolsa de Valores. Las bondades o defectos de la decisión, desde el punto de vista de las operaciones bursátiles, son objeto de legítimo debate, pero las motivaciones reveladas por el mandatario en el acto de firmar la enmienda son siniestras.
La publicación de balances es una considerable fuente de ingresos para los medios brasileños, y Bolsonaro no tuvo empacho en calificar la medida de “retribución” por el mal trato recibido de la prensa durante la contienda electoral. Sin disimular la ironía, hizo votos por que el periódico Valor Económico “sobreviva” a la medida. La publicación, perteneciente al prestigioso Grupo Globo, cometió el pecado de señalar las similitudes entre la política económica del presidente y la de su antecesora Dilma Rousseff, cuya presidencia naufragó en medio de una crisis de la economía.
No importa si su signo es de izquierda o de derecha, el gobernante populista socava la institucionalidad para suplantarla. Se confunde a sí mismo con las instituciones y a sus intereses, con los de la nación. La política pública deja de ser un medio para alcanzar el bienestar general y se trastroca en instrumento para la satisfacción de propósitos personales.
No obstante la desfachatez del discurso populista, en pocas ocasiones se escucha una admisión tan cándida de las desviaciones descritas. Un discurso solemne, con pormenorizadas explicaciones sobre la conveniencia de trasladar la publicación de resultados a la Internet y algún guiño al carácter democratizador e integrador de la red habría negado armas a los críticos sin dejar de causar el daño intencionado.
Pero los populistas no logran abstenerse de presumir del poder ni de publicitar su uso arbitrario. La prensa ha sido víctima de esos despliegues en todos los países donde los hombres fuertes han llegado al gobierno, ahora, a diferencia del pasado, con la legitimidad de las urnas. La pregunta, en cada nación donde han tomado el poder, es si la institucionalidad resistirá el embate y si habrá marcha atrás.
Bolsonaro no se cansa de elogiar el golpe de Estado que inauguró la oscura dictadura de los militares en Brasil, pero desde entonces la nación desarrolló una valiosa armazón democrática de la cual es parte la pléyade de vibrantes medios de prensa, varios de ellos destacados en el mundo por innovación y profesionalismo. Sus periodistas cuentan con las garantías de un Estado transitoriamente gobernado por quien no comprende la función de los medios y se siente autorizado para “retribuirles” con un abuso de poder apenas disimulado.
La “retribución” viene a la zaga de constantes ataques en vitriólicos discursos y redes sociales en las cuales el mandatario intenta invertir los papeles, fiel al libreto del nuevo populismo, y acusa al periodismo más serio de difundir noticias falsas (fake news). No falta la persecución y amedrentamiento de periodistas individuales, como Glenn Greenwald y Leandro Demori, ni tampoco la manipulación de la pauta publicitaria gubernamental para castigar enemigos y premiar la lealtad. El resurgimiento del populismo, del cual Bolsonaro es exponente destacado, encuentra en la prensa independiente un estorbo intolerable. El periodismo no puede aspirar a mejor homenaje.