Lo que comenzó hacia finales de noviembre como una amenaza de posible invasión rusa contra Ucrania ha evolucionado con provocadora rapidez hacia algo de mayores consecuencias posibles: un conjunto de exigencias de Moscú que pretenden replantear el arreglo de seguridad europeo rediseñado tras el fin de la Unión Soviética y limitar la capacidad soberana de un conjunto de Estados para definir sus alianzas. Se trata de un peligroso intento por revivir sueños imperiales totalmente incompatibles con el derecho internacional. Por ello, deben ser rechazados por Estados Unidos y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con una bien calibrada mezcla de firmeza y prudencia.
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En el 2014, valiéndose, esencialmente, de fuerzas irregulares, Rusia generó una guerra, primero abierta, luego de baja intensidad, en los territorios de Donetsk y Lugansk, que se constituyeron en virtuales regiones autónomas de Ucrania, totalmente dependientes de Moscú; desde entonces, el conflicto no ha cesado. Además, anexó a su territorio la importante península ucraniana de Crimea, ante la impotencia de Occidente.
Sus ambiciones, sin embargo, no se han detenido en esos actos de agresión. En los primeros días de este mes, los servicios de inteligencia estadounidenses sonaron la alarma sobre una masiva concentración de tropas rusas en la frontera con Ucrania y alertaron sobre la creación de condiciones para una eventual invasión a comienzos del 2022.
Vladímir Putin ha rechazado que esas sean sus intenciones, pero tanto en declaraciones públicas como en una reunión virtual con el presidente Joe Biden, la pasada semana, destinada a bajar tensiones, ha planteado una serie de exigencias inaceptables para los aliados occidentales. Este viernes se convirtieron en un documento oficial, con exigencias aún más extremas y ofensivas para la soberanía no solo de antiguas “repúblicas” soviéticas, sino incluso para los países miembros de la OTAN.
Entre sus demandas, entregadas a una enviada especial de Biden y luego publicadas en la página de su Ministerio de Relaciones Exteriores como borrador de un posible tratado con la OTAN, está un compromiso de la organización a no acoger nunca en su seno ni a Ucrania ni a ningún otro Estado parte de la fenecida Unión Soviética. Además, debería contar con permiso de Moscú para desplegar tropas en países de Europa oriental que se incorporaron a la alianza en mayo de 1997, inhibirse de actividades militares en esa región, el sur del Cáucaso y Asia central, y comprometerse a no enviar misiles que puedan alcanzar blancos rusos. Y en lo que sería un acuerdo bilateral, Estados Unidos y Rusia limitarían las armas nucleares solo a su territorio, lo cual implicaría dejar a Europa sin la defensa estadounidense.
El régimen ruso, sin duda, tiene intereses legítimos de seguridad. Su consecución, sin embargo, no puede pasar por los sueños de reconstituir su pasado imperial, controlar la soberanía de los países más próximos o determinar las doctrinas defensivas de la OTAN. Y menos aún es aceptable que lo haga amenazando con el uso de la fuerza contra Ucrania u otros países.
Hasta ahora, la reacción estadounidense y europea ha sido de estrecha coordinación y rechazo a esas pretensiones. Además, recientemente, el Congreso aprobó más de $300 millones de ayuda militar para Ucrania, mucho más de lo originalmente solicitado por Biden. A todas las partes involucradas les conviene desactivar en lo posible las tensiones. Pero no debemos olvidar que la nueva escalada es responsabilidad directa de Putin, y que una política de apaciguamiento ante sus ímpetus le daría alas para exigencias o acciones posteriores, aún más inaceptables.
Por esto, se impone una gran firmeza, mientras se mantiene abierta la puerta a las negociaciones. Y así como Moscú ha marcado supuestas “líneas rojas” para sus exigencias, Occidente debe hacerlo con las suyas. La principal es que ningún poder debe interponerse en las decisiones soberanas de otros Estados.