“El lobo ya llegó”, dijo la contralora, Marta Acosta, a los diputados el jueves de la semana pasada. El mensaje no es solo para la Asamblea Legislativa. La funcionaria hablaba también a las cúpulas de los partidos políticos y a la ciudadanía. No todos escuchan y, en otros casos, es difícil explicar por qué tenemos la bestia encima si todavía hay sectores de la población a salvo de sus peores embates y muchos se han venido defendiendo con ayuda de los programas sociales.
La contralora también advirtió de la imposibilidad de mantener esos programas sin nuevos y urgentes medios de financiamiento. A falta del Programa Proteger y otros de mayor tradición, el lobo comenzará por hundir sus garras en los más necesitados, a cuyas filas se irán incorporado con celeridad personas de la clase media.
Una quinta parte de la población ya está desempleada y nada hace prever una mejora. El dato es reflejo de la caída en la actividad empresarial a causa de la pandemia. El golpe sanitario nos sorprendió sin los ajustes estructurales debatidos desde hace mucho tiempo, recordó la contralora. No hay espacio fiscal para estimular la economía y la enfermedad del coronavirus amenaza con sobrepasar las capacidades del sistema de salud. Las muertes aumentan a un ritmo alarmante.
No obstante, alerta también la contralora, ningún sector está dispuesto a poner de su parte, aunque es obvia la necesidad del aporte de todos. Para muchos, “todos” significa “los demás”. Es la misma dinámica de la reforma fiscal, cuando empresarios, sindicalistas, cooperativistas y funcionarios desfilaban por el Congreso para explicar por qué cada uno era excepcional, indispensable y merecedor de una exención.
Algunos la lograron en el acto, como las cooperativas. Otros la consiguieron de forma tardía, como las municipalidades. En las últimas semanas, la posposición del impuesto sobre el valor agregado (IVA) a la canasta básica constituyó un nuevo esfuerzo por retroceder sobre el camino ya transitado. En plena pandemia, el Congreso se ha ocupado de limitar los ingresos del fisco y crear excepciones a la regla fiscal, no importa el costo para la credibilidad del país en los mercados financieros.
También ha habido tiempo para discusiones bizantinas. Una de ellas, ejemplarizante del camino equivocado para forjar los acuerdos políticos urgentes y necesarios, sucedió en el curso del debate sobre el presupuesto extraordinario. Urgidos de demostrar la inexistencia de recortes por ¢328.000 millones, legisladores de oposición señalaron que la reducción final no pasa de ¢196.000 millones. Las dos afirmaciones son ciertas. El gobierno redujo el gasto usual en la suma señalada, pero, al final, el ahorro es el dicho por los opositores. Entre una y otra cifra, hay gastos nuevos por ¢132.000 millones para los bonos proteger, financiar subsidios del Instituto Mixto de Ayuda Social y otras exigencias de la pandemia.
Nadie objetó los nuevos gastos y muchos se opusieron a rebajar erogaciones en otros rubros, pero la oportunidad de marcar puntos políticos no podía ser desperdiciada. El país malgastó, eso sí, valioso tiempo. Sin entrar en detalles, el Fondo Monetario Internacional lo señaló en la carta de respuesta a una consulta de diputados liberacionistas sobre la necesidad de aprobar el instrumento de financiamiento rápido solicitado por el gobierno a la entidad financiera. En buen castellano, la carta advierte sobre la necesidad de agilizar las decisiones.
El mismo llamado hizo la contralora. No debemos entenderlo como una excitativa exclusivamente dirigida a los diputados. Las organizaciones empresariales deben sopesar si es el momento para acrecentar tensiones, los sindicatos no pueden ignorar que en una crisis de las dimensiones anunciadas sus afiliados sufrirán graves perjuicios, así como las cooperativas y otros beneficiarios de exoneraciones.
Por su parte, los partidos políticos con aspiraciones de poder deben contemplar con espanto la posibilidad de verse obligados a gobernar un país en ruinas. El lobo llegó. Quizá haya oportunidad de reducir el número de víctimas.