La deuda ya supera el 71 % del producto interno bruto y crece a pasos agigantados. El incontrolable déficit fiscal la alimenta año tras año y ella, a su vez, presiona los presupuestos para encoger, cada vez más, los recursos disponibles. Ya cancelamos inversiones en obra pública y comenzamos a restringir algunos programas, pero nada está a salvo y con el paso de poco tiempo los ingresos familiares, sean por salarios o pensiones, se verán drásticamente disminuidos por la inflación y la devaluación.
Por lo pronto, no hay salida y nada es viable. En las carreteras surgen vallas con el mensaje «¡No más impuestos!». Lo exige Costa Rica, dice el anuncio. Nunca los impuestos fueron populares y atribuirle la consigna al país podría tener un grado de razón; sin embargo, las opciones a mano son pocas y el portazo de la valla excluye todo tributo, sin distinción.
Cerrada la vía tributaria, queda la reforma del Estado. Tampoco es viable a ojos de la izquierda. La ministra de la condición de la mujer, militante del Frente Amplio, renunció por la sola decisión gubernamental de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI).
El FMI pide un programa de ajuste para poner al país en el lento y prolongado camino de disminución de la deuda. Un esfuerzo descomunal podría reducirla al 50 % del PIB para el año 2034, es decir, bajarla 21 puntos, nada más.
Pero las peligrosas fantasías del sector ideológico al cual pertenece la exministra nublan la vista de los peligros y niegan las reglas básicas de los mercados financieros. Solo pensar en reforma estructural la impulsa a salir despavorida con protestas por la supuesta influencia de intereses empresariales.
«Estoy narrando un acto concreto que demuestra lo que hemos venido observando con enorme preocupación y que he denunciado en las sesiones del Consejo de Gobierno en reiteradas ocasiones: la práctica recurrente de despreciar el valor de la representación democrática, de imponer intereses corporativos en las decisiones de Estado, a espaldas de la población, intromisiones que se traducen en desigualdad, en privilegios para algunos y pobreza, violencia y exclusión para otros y otras», dijo Patricia Mora al anunciar su dimisión.
Cerradas las vías del ajuste estructural y la creación de nuevos ingresos, queda la venta de activos del Estado. Esa tercera ruta tampoco es viable sin vencer a los celosos guardianes de las «joyas de la abuela». Por otro lado, para quienes la ven como solución definitiva, el profesor Mauricio Jenkins, del Incae, tiene malas noticias. En un artículo publicado en estas páginas, calculó el valor del Banco de Costa Rica y el Instituto Nacional de Seguros para concluir que, si logramos estabilizar el presupuesto para eliminar el déficit primario, necesitaríamos vender un BCR y un INS todos los años de la próxima década para cancelar $1.200 millones en intereses de la deuda sin necesidad de refinanciamiento, y eso suponiendo el 6 % de crecimiento nominal de la economía y una tasa de interés del 6 % sobre la deuda.
Como es evidente, el ajuste no es posible si renunciamos, de entrada, a transitar alguna de las vías señaladas. El realismo apunta a una combinación de nuevos ingresos, ahorros y venta de activos. Eso implica incomodar a una amplia gama de sectores. Exige valentía, firmeza y clara consciencia de la gravedad de la situación.
La falta de claridad fortalece las intransigencias. Si cada una logra mantener su coto de intereses intacto, la única salida será impuesta por la realidad. Ya no dependerá de las voluntades sectoriales ni ofrecerá opciones. Simplemente, sucederá lo inevitable.