A diferencia del sector agrícola o el industrial, cuyos procesos productivos utilizan trabajo y capital (maquinaria y equipo), el sector público es intensivo en el uso del factor trabajo. El renglón de sueldos y cargas sociales representa una proporción muy alta del costo del servicio público, presente y pasado (pensiones con cargo al presupuesto nacional). Por eso las decisiones relacionadas con el empleo estatal, con la supervisión del desempeño y los incentivos laborales, como las anualidades, deben ser tomadas con mucho cuidado.
Opera en esta materia una regla no escrita: una vez creados los cargos públicos, difícilmente se dejan de llenar y, más bien, año con año el empleo crece casi con independencia de la necesidad por satisfacer. El caso del agonizante Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) constituye un ejemplo de supervivencia laboral, pues no solo se intentó, en vano, transformarlo en un banco de fomento, con el único fin de emplear de alguna manera a sus excolaboradores, sino que la mayoría de los diputados (con las honrosas excepciones de Ottón Solís, Otto Guevara y Natalia Díaz) votó a favor de darles un caro “bono” en caso de que la institución deba cerrar sus puertas.
En palabras de Marco Hernández, interventor de Bancrédito, el pago del “bono” de ¢3.000 millones aprobado para 694 empleados “significará un gasto adicional para el Banco e incrementará las pérdidas. Su impacto representa un 8 % del patrimonio actual y el 11 % de las pérdidas generadas el año pasado”. La institución tuvo en el 2017 pérdidas por ¢27.852 millones, que al sumarse a las de enero de este año implican la desaparición del 45 % de su reserva patrimonial, pero eso no preocupó a la mayoría de los diputados. ¡Qué fácil es ser generoso con el dinero de otros, en este caso, de todos los costarricenses!
Un fenómeno similar, aunque en menor escala, se observa en el Banco de Costa Rica. Una de sus iniciativas comerciales –la banca Kristal– no ha tenido el éxito esperado. En consecuencia, la achicarán y quizá la cerrarán, pero, se apresuran a señalar las autoridades, eso no implicará despidos.
Cual clavo sin cabeza, que al incrustarse en una viga no se puede sacar con facilidad, el empleo público creado difícilmente se elimina. La regla opera con independencia de los avances tecnológicos de la Cuarta Revolución Industrial a cuya merced gran cantidad de labores otrora desempeñadas por seres humanos (en los departamentos de contabilidad, control, proveeduría, cobranza, etc.) son ahora ejecutadas por computadoras y hasta por robots. En los presupuestos del sector público se refleja el costo de las inversiones periódicas en equipo y aplicaciones tecnológicas, pero no se ve el impacto de esa tecnología sobre el renglón de sueldos y cargas sociales. Al menos no se refleja en la reducción de las planillas aunque la tecnología debería permitir hacer más con menos factor trabajo.
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La primera enseñanza de estos hechos es que si una vez creado un cargo en el sector público se hace difícil eliminarlo, solo se deben crear las plazas estrictamente necesarias por razones de costo-beneficio. La segunda es que el desempeño de los servidores públicos debe ser monitoreado sistemáticamente y los aumentos salariales deben estar sujetos a logros objetivos. Los aumentos automáticos de sueldo para el 99 % del personal de las dependencias públicas deben cesar. La tercera lección es que si una función de interés social puede ser ejecutada por una entidad pública, pero también por la iniciativa privada, siempre es mejor optar por lo segundo, bajo el principio de que al Estado le corresponde ejercer un papel subsidiario.
La reforma fiscal que pronto se discutirá en la Asamblea Legislativa debería tener en cuenta estas observaciones, pues si no se logra controlar el costo y el crecimiento de los sueldos, las cargas y los beneficios sociales en el sector público, no habrá reforma tributaria capaz de evitar que el déficit y el endeudamiento continúen avanzando hacia niveles explosivos.